Los cambios a leyes de salud que obligarían a las instituciones sanitarias a atender las emergencias obstétricas es insuficiente si no se acompaña de acciones para fortalecer las capacidad de atención de los hospitales y acelerar los procesos de acreditación de las unidades médicas y, de esa manera, aumentar la cantidad de espacios para la atención de las mujeres embarazadas.

Daniela Díaz, investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, comentó que la evaluación y acreditación de los nosocomios está a cargo de la Secretaría de Salud (Ssa) y conforme reúnen los requisitos sanitarios se incorporan a las redes de servicios para la atención de las emergencias obstétricas.

Recordó que dichas redes se han ido conformando desde 2009, cuando se creó el Convenio General de Colaboración para la Atención de las Emergencias Obstétricas (CAEO) entre la Ssa y los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Sevicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

Esta fue la respuesta que en ese momento se dio para evitar que las mujeres tuvieran que peregrinar por varios hospitales antes de poder recibir la atención que requieren. Es un aspecto del problema de la mortalidad materna en el país.

Al año fallecen alrededor de mil mujeres por causas asociadas con el embarazo, parto y puerperio, equivalente a una tasa de 40 decesos por 100 mil nacidos vivos. Es una tendencia que ha sido difícil revertir, e incluso ha llevado al gobierno federal a reconocer que no será posible alcanzar la meta comprometida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Aun así, la meta planteada para el próximo año es bajar la tasa a 39.4 por 100 mil.

Mujer encinta, en imagen de archivoFoto Marco Peláez

La activista calificó de positivos los cambios aprobados por la Cámara de Diputados el pasado jueves, a las leyes General de Salud y del IMSS e Issste, por los cuales estos organismos estarían obligados a prestar la atención médica que requieran las mujeres por alguna emergencia relacionada con su embarazo,

La iniciativa fue turnada al Senado de la República.

Es una medida que servirá para fortalecer lo que se ha hecho hasta ahora, aunque en su aplicación habrá que tomar en cuenta las características de cada entidad. Puso el ejemplo de Guerrero, donde la mayor parte de la oferta hospitalaria para las mujeres embarazadas proviene de los Servicios Estatales de Salud. Ahí el CAEO no tiene sentido; sin embargo, es indispensable garantizar que las clínicas cuenten con la infraestructura física y humana suficiente.

Además, será necesario garantizar que los servicios médicos se ofrezcan a las mujeres aun cuando provengan de entidades distintas a las de su lugar de residencia. Lo anterior, porque es frecuente en las comunidades ubicadas en los límites entre estados, que les resulte más accesible, por razones geográficas, ir a algún hospital en la entidad vecina, apuntó Díaz.