El Estado mexicano en su conjunto está haciendo un uso indebido del sistema penal y de justicia del país para criminalizar a los luchadores sociales que defienden los derechos humanos y la tierra de los pueblos frente a proyectos depredadores del capitalismo internacional, como el caso de Juan Carlos Flores y Enedina Rosas, presos políticos del Frente en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (Fdtampt), y de Bettina Cruz, de la oaxaqueña Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (Apiidtt), aseveraron representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos.

Flores Solís y Rosas fueron encarcelados por su oposición al Proyecto Integral Morelos (PIM), que incluye la construcción de una termoeléctrica en Huexca, Morelos, y un gasoducto que atraviesa municipios de ese estado, Puebla y Tlaxcala, cuyas obras son acompañadas por convoyes de policías y/o militares en algunos casos; en otros llegan previo a la entrada de la maquinaria, convoyes y helicópteros para intimidar a la población y disminuir la protesta, explicó Samanta César, del Fdtampt.

Antonio Lara, abogado de la Red Nacional de Resistencia Civil y defensor de Juan Carlos Flores, informó que, pese a haber ganado el 28 de agosto un amparo –707/2014– en el que se demostró su inocencia de los cargos de daño en infraestructura hidráulica, motín, despojo y extorsión, y que hubo violaciones al debido proceso, por lo que el juez tendría que haber dictado auto de libertad, el Ministerio Público interpuso un recurso de revisión en el que dice simplemente que se opone a la libertad del detenido, sin hacer ninguna valoración de las pruebas que aportó la defensa para demostrar que el gobierno inventó pruebas contra su defendido.

Con esto queda claro que hay la intención del gobierno de utilizar la ley para reprimir y criminalizar las luchas sociales y que el Estado mexicano está dando un uso faccioso a la ley contra los defensores del derecho de los pueblos a la tierra y el territorio”, coincidieron en rueda de prensa, Lara Duque, Cruz, Omar Esparza, del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), y Wilfrido Hernández, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA-MN) y Samanta César.

Lara Duque subrayó que la espera del veredicto sobre el citado recurso de revisión interpuesto por el Ministerio Público podría retrasar la liberación de Flores Solís entre una semana y seis meses. Entre tanto, va avanzando la construcción del PIM.