Mientras en 2009 jueces federales libraron 91 por ciento de las órdenes de arraigo que les fueron presentadas, en lo que va de 2014 sólo se ha concedido 40 por ciento de las solicitudes de esta medida cautelar. Lo anterior fue informado por José Guadalupe Tafoya Hernández, del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Esto, consideró, se deriva de mayor control y perfeccionamiento por las y los jueces federales penales especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones.

Durante la visita que realizó el relator especial sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James L. Cavallaro, a la sede del CJF, el consejero Tafoya anunció además que a finales de noviembre se iniciará la aplicación del sistema penal acusatorio federal en Durango y Puebla, y se continuará paulatinamente con el resto de las entidades y el Distrito Federal, para cumplir con el compromiso constitucional de lograr su operación total en junio de 2016.

El relator de la CIDH acudió al Consejo de la Judicatura con el fin de conocer las políticas adoptadas por el Poder Judicial en materia de derechos humanos, amparo y respecto al nuevo sistema penal acusatorio.

Tafoya Hernández le comentó que México vive un tiempo histórico en la administración de justicia federal derivado de las reformas constitucionales en materia penal, de juicio de amparo y de derechos humanos, y en el que este órgano colegiado, así como las y los juzgadores federales están conscientes del impacto social que tienen sus resoluciones en el nuevo contexto.

Otro tema relevante tratado fue la transparencia. Se subrayó que durante la gestión judicial del ministro presidente Juan Silva Meza se han fortalecido los mecanismos de rendición de cuentas, sobre todo la difusión de las sentencias que emiten jueces y magistrados en su versión pública.

En respuesta al interés del relator sobre la selección e independencia de los juzgadores, se enfatizó que a diferencia de otros países, en el PJF se realiza un proceso de selección interno donde no tienen injerencia los otros poderes de la Federación.