La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) insistió ayer en que los hechos ocurridos el pasado 30 de junio en Tlatlaya, estado de México, donde 22 personas murieron, se trató de una acción militar para repeler una agresión armada.

Sin embargo, la dependencia federal aseguró en un comunicado, que prestará su colaboración irrestricta para que la autoridad competente esclarezca los hechos y determine la verdad jurídica sobre este acontecimiento.

El pasado jueves se difundió el testimonio de una sobreviviente, quien afirmó que de las personas fallecidas, 21 en realidad fueron ejecutadas por militares, cuando ya se habían rendido. La mujer, madre de una de las víctimas, una chica de 15 años, aseguró que su hija yacía herida en el suelo cuando los soldados le dispararon.

De igual forma relató que los miembros del Ejército dispararon primero al grupo armado que se encontraba en una bodega. Uno de los hombres que se encontraba en el lugar murió en ese momento y otro, integrante de la presunta banda de narcotraficantes, resultó herido, igual que la adolescente, y de la misma forma fue ejecutado.

El resto de los hombres se rindieron con la promesa de que su integridad física sería respetada, comentó la testigo, de quien no se proporcionó el nombre pues teme por su vida. Agregó que los militares interrogaron a los sujetos en forma individual dentro de la bodega y ahí mismo los ejecutaron.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, ella se encontraba en el exterior, bajo custodia del Ejército.

En aquel momento, el gobierno federal aseguró que los militares habían sido agredidos por el presunto grupo delincuencial y que el tiroteo fue para repelerlos. La Sedena señaló, en un comunicado emitido el 30 de junio, que durante un patrullaje nocturno por Tlatlaya, soldados fueron agredidos desde una bodega y que, resultado del tiroteo, 21 presuntos agresores resultaron muertos y un miliar herido.

El boletín de ese día agregó que en el lugar se encontraban tres mujeres que dijeron haber sido secuestradas, así como 25 armas largas. Algunos medios locales informaron que dicho armamento pertenecía al cártel de La Familia, y en la bodega se resguardaba un laboratorio de drogas sintéticas.

Ayer, la Sedena puntualizó que es la más interesada en que el incidente sea investigado a fondo, pues los integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea estamos obligados a conducirnos con pleno respeto a los derechos de las personas.

De igual forma, ambas instancias reiteraron su compromiso de cumplir con las misiones asignadas en estricto apego a la ley y a las directivas giradas, para que en todo momento se preserve la vida y la seguridad de las personas, con respeto absoluto a los derechos humanos.