os saqueos en Baja California Sur son signo y consecuencia de los tiempos que vive el país. Instituciones absolutamente fallidas son absolutamente irrespetadas, sobre todo si el aparato gubernamental insiste en desplegar mediáticamente sus versiones de escenarios optimistas que no corresponden con la verdad sabida por ciudadanos desesperados por la falta de ayuda real, por la demagogia de los políticos, por el uso electoral de los recursos recibidos y por la profunda y fundada convicción de que pasadas las crestas informativas volverán a ser abandonados por los funcionarios de oportunidad.

De todo hay, ciertamente, en esa irrupción infractora y delictiva. Desde la angustia de quienes se han quedado sin satisfactores básicos ni infraestructura comercial para cubrirlos, hasta el revanchismo rapaz que ve la oportunidad de alzarse en la crisis con cuanto le es posible, pasando por las bandas de encapuchados que plenamente organizadas atacan casas, comercios e instalaciones hoteleras. Del hambre sin expectativas inmediatas de solución al desahogo de resentimientos motivados por la brutal desigualdad económica y al salto oportunista de grupos de delincuencia organizada. Formas disímbolas de autodefensa y agresividad, en un contexto propicio para esas expresiones.

Saqueo a imagen y semejanza de lo que cotidianamente realiza una porción importante de la clase política y la burocracia gobernante. Abiertamente, cada vez con menos pudor, se toman decisiones, se anuncian planes y se hacen nombramientos que corresponden a esquemas de depredación de la riqueza colectiva para favorecer a los grupos dominantes. Ese ejemplo constante de impune pillería de altos vuelos ha deshecho lo que quedara de ética y civismo, de tal manera que las explosiones de sentimientos sociales negativos quedan encuadradas en esa generalizada descomposición nacional. Los cabos o, dicho de otra manera, los extremos, se tocan.

Ya antes había tocado el caso Tlatlaya la agencia Ap y ahora lo ha hecho la revista mensual Esquire (bit.ly/1BNMktR ). Según versiones de supervivientes, el Ejército Mexicano habría ejecutado a 21 jóvenes (aunque el total de muertos fue de 22) en esa población del estado de México, cercana al municipio de Arcelia, en Guerrero. Los asesinados, a quienes se consideró miembros de una banda del crimen organizado, habrían disparado contra militares y, en respuesta, fueron acribillados, aunque testimonios e indicios recabados por periodistas apuntan a que se trató de virtuales fusilamientos. A contracorriente de esas publicaciones, el columnista Juan Ibarrola (cuyos análisis suelen tener cercanía con los del alto mando militar mexicano) publicó en Milenio una versión (‘‘Tlatlaya: lo que verdaderamente pasó’’) adversa a los reportajes hechos por extranjeros y a Human Rights Watch (bit.ly/1qP7KV6 ). Ibarrola termina así su escrito: ‘‘Por qué quieren confundirlo todo. Los 22 de Tlatlaya eran delincuentes’’.

Tres décadas atrás se publicó el primer número de un diario hecho por periodistas que deseaban dar voz mediática a quienes no la tenían y hacer un periodismo sin sujeción a dueños empresariales o a entendimientos corruptos con los poderes. Su financiamiento provenía de la sociedad, que había comprado solidariamente acciones para conjuntar un fondo de arranque. Su primer director fue Carlos Payán Velver y le sucedió la actual directora, Carmen Lira Saade.

A la distancia puede verse en sus páginas el transcurrir de los acontecimientos más importantes de la nación y el mundo pero, en especial, el desarrollo de las principales luchas políticas y sociales de nuestro país, con su información, análisis y contexto. Ya se ha dicho otras veces, pero en esta fecha conmemorativa no está de más recordar el hecho de que México no podría entenderse por completo sin la diaria aportación jornalera, que suele recuperar y potenciar mucho de lo que en otros espacios no es adecuadamente valorado o que abiertamente es ignorado o distorsionado.

Los 30 años de vida de La Jornada han sido posibles gracias a la unidad y entrega de la comunidad de directivos, reporteros, fotógrafos, articulistas, editores, talleristas, distribuidores y personal administrativo. Pero, sobre todo, por la comprensión y apoyo de sus destinatarios, el público lector que ha acompañado este desenvolvimiento periodístico que ha contrastado con esquemas de control mediático sostenidos por gobiernos de diversas siglas. En las circunstancias difíciles que vive el país es absolutamente necesaria la existencia de medios que informen con amplitud de lo que sucede y que con sus plumas ayuden a entender lo que va sucediendo. Hoy, como 30 años atrás, La Jornada tiene un camino por recorrer, y así lo va haciendo. Valga un brindis, así sea virtual, con los jornaleros de ayer y hoy, y sobre todo, con los lectores y con la parte de la sociedad que lucha diariamente por informarse, por entender y por actuar. ¡Salud, y muchos años más, Jornada sin la cual este México no podría entenderse!

Y, mientras el coordinador de los senadores panistas, Jorge Luis Preciado (estrella de varios escándalos de los que ya van siendo distintivos entre los maderistas encumbrados), anuncia que ahora sí no habrá más idilio entre el partido de blanco y azul y el PRI (luego que las reformas deseadas por Los Pinos fueron aprobadas), pues no les cuadra tanto golpeteo contra distinguidos miembros del PAN (como el gobernador de Sonora), ¡feliz fin de semana, con Barack Obama haciendo un falso gesto amistoso al postular a una abogada descendiente de mexicanos, María Echaveste, para que sea embajadora de la Casa Blanca en México, lo que no significa que cambie la política obamista de deportación de indocumentados y de escamoteo de una verdadera reforma migratoria (así como el color de piel de Obama tampoco significó mayor cambio real en la conducción de Estados Unidos conforme a los intereses que realmente dominan la política de aquel país)!

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