Exigen castigo a responsables de la muerte de un adolescente durante represión policiaca
Consideran insuficiente la recomendación de la CNDH; debió derivar en juicio político al gobernador de Puebla, señalan
Repudio a proyectos promovidos por la administración estatal
Viernes 19 de septiembre de 2014, p. 41
Puebla, Pue., 18 de septiembre.
Unas 13 mil personas, entre integrantes de diversas organizaciones sociales, maestros y pobladores de comunidades marcharon en esta ciudad para exigir la renuncia del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.
Fue la quinta movilización contra la administración estatal a raíz de la represión policiaca del 9 de julio en Chalchihuapan, la cual provocó la muerte del adolescente José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo y dejó 40 heridos de gravedad.
Los manifestantes recorrieron cuatro kilómetros desde el centro de la ciudad hasta Casa Aguayo, sede de la Secretaría General de Gobierno, donde acusaron que el resolutivo que el 11 de septiembre emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre la muerte del menor fue insuficiente porque no derivó en un juicio político en contra del mandatario local.
Un orador exigió a la administración estatal cumplir las recomendaciones de la CNDH y sancionar a los responsables de la muerte del Tehuatlie Tamayo.
Otros grupos se sumaron a la protesta para repudiar cinco proyectos impulsados por el gobierno estatal sin aval de los ciudadanos, entre los que destaca la privatización del servicio de agua potable y el cierre de las oficinas de registro civil en las juntas auxiliares.
Los inconformes repudiaron el apoyo de la administración estatal a la instalación del gasoducto Morelos en las faldas del volcán Popocatépetl, el intento de expropiación de terrenos para construir un parque temático en San Andrés y San Pedro Cholula, así como la remodelación del Parque Ecológico de la capital, que pone en riesgo un aviario con ejemplares de 200 especies.
Entre las organizaciones que se manifestaron estaban la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación –la cual exigió la reinstalación de maestros despedidos por el gobierno estatal debido a que se negaron a hacer la prueba Enlace–, el Movimiento Nacional Los de Abajo, la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes 28 de Octubre y el Movimiento Independiente de Organizaciones Campesinas, Urbanas y Populares.
Los miles de asistentes abarrotaron uno de los sentidos de la avenida Juárez, la cual se extiende a lo largo de 10 calles antes de dar acceso al primer cuadro de la ciudad.
Camino a Casa Aguayo, la marcha hizo tres escalas: en las oficinas de Tv Azteca Puebla para denunciar el cerco informativo
de los medios oficiales
contra las movilizaciones; en el Congreso del estado, donde se exigió la derogación de la llamada ley bala, por propiciar represión contras las comunidades, y en palacio municipal, donde despacha el edil capitalino, Antonio Gali Fayad, ex secretario de Infraestructura de Moreno Valle.
Los manifestantes encontraron los inmuebles públicos cerrados deliberadamente. Las oficinas del ayuntamiento de Puebla estaban custodiadas por 50 granaderos con equipo antimotines.