a tensión entre los gobiernos federal y estatal por la tragedia del río Sonora ha traído como consecuencia la apertura de la caja de Pandora sonorense, que deja a la vista los niveles de corrupción alcanzados en la entidad. No se trata solamente de la presa particular que tiene el gobernador Padrés para contener el agua en su propio rancho, sino que a través de las denuncias surgidas diariamente sabemos que los propios precandidatos prístas y panistas a la gubernatura poseen por sí mismos o por interpósita persona represos que detienen el flujo normal de arroyos y agotan los pozos que deberían proveer de agua a pequeños agricultores, ganaderos y comunidades rurales. Igual empiezan a conocerse las triquiñuelas de la ex administración panista municipal de Javier Gándara Magaña y del ahora presidente del PAN estatal, Juan Bautista Valencia, para traficar con terrenos de Hermosillo. Los dimes, diretes y acusaciones graves entre PRI y PAN han corrido en los medios locales haciendo que los sonorenses volteen hacia el escándalo prelectoral, desviando momentáneamente su atención del macroderrame del Grupo México, algo que éste les ha reconocido, agradecido como es. De tener respeto para sus electores, estos partidos tendrían como obligación hacer un recambio de ofertas políticas con personajes de más credibilidad.

Y precisamente ahora, en medio de la tragedia, cuando necesitábamos que funcionara el federalismo y la autonomía estatal, de pronto Sonora se ve presa del centralismo del régimen que intenta poner en control remoto la vida del estado ocupando todos los espacios.

No otra cosa significa la decisión del presidente Enrique Peña de designar una comisión coordinadora de la reparación de daños ocasionados por el macroderrame, excluyendo formalmente al gobernador en el primer momento de constituirla, abriendo Conagua y Profepa paralelamente una investigación sobre la presa particular de Padrés, acciones que conjuntamente equivalen a poner en jaque al gobierno de Sonora. No importa si después se han hecho componendas para invitarlo de testigo en el reparto de los 2 mil millones de pesos que por fin Grupo México empezó a soltar por partidas, y que de no haber contratiempos debieron empezar a repartirse desde el 16 de septiembre en los municipios del río, a 20 mil pesos por cabeza, lo cual alcanza solamente para la despensa mensual y algunos gastos menores. Con ser buenos pesos los 2 mil millones, seguramente pocos han visto la letra chiquita del fideicomiso que anunció la comisión intersecretarial en el pueblo de Ures, fideicomiso en el que Germán Feliciano Larrea seguramente tuvo cuidado de imponer algunas condiciones centrales. Por lo demás las cuentas de los ribereños rebasaban los 3 mil millones solamente para una primera etapa, dado que sus propiedades en terrenos, derechos de agua, casas, edificaciones, huertas, sembradíos, cosechas y ganado bajaron de precio como si hubieran sido acciones de una bolsa de valores en caída libre.

Pero el jaque contra el gobernador fue también un jaque a la causa de la justicia ambientalista de Sonora, porque se dejó fuera de las negociaciones a dos municipios por demás afectados con el derrame. Uno es Hermosillo, en cuya presa El Molinito el río Sonora depositó buena parte los metales duros, el arsénico y el cadmio. El otro municipio excluido es Cananea, que aumentó su contaminación desde el otorgamiento de la concesión salinista a los Larrea, en 1989. Un análisis muy completo de la concentración de metales en los sedimentos exteriores y del agua subterránea en el río San Pedro, que nace en los terrenos de la mina de Cananea y atraviesa la línea fronteriza para internarse en Arizona, fue publicado por científicos de la Universidad de Sonora (1977, Gómez et al.), que desde entonces probaba la peligrosa contaminación en la ribera cananense.

En realidad, si hablamos de medio ambiente estamos ante un asunto de seguridad. En este contexto son tres factores de riesgo inminente que mantienen la atención de los académicos hermosillenses. Uno es la gran presa de los jales ubicada en la mina de Cananea, y de la cual no hay hasta ahora un diagnóstico de seguridad hecho público, pero que debido a sus dimensiones podría ocasionar una tragedia cinco veces superior al derrame del Bacanuchi. Se oye alarmista, pero eso mismo pareció cuando en 2008 la sección 65 de trabajadores mineros alertó sobre la posibilidad de derrames en Cananea. El segundo factor es la mina de oro en Banámichi, que utiliza arsénico como materia prima en el proceso de recuperación y se encuentra en la trayectoria del río Sonora. El tercer factor es igualmente preocupante. Se trata de la mina de Mulatos, que está acabando con un poblado entero en las cercanías de la sierra en Sahuaripa. Las descargas de esta mina van hacia el río Yaqui. Una contingencia allí pondría en aprietos a la ciudad de Hermosillo, que ahora depende en mayor medida de las aguas de ese río. Todo esto, dentro de la confrontación que industriales de esta ciudad mantienen con los empresarios agrícolas de Ciudad Obregón por el agua de ese río. Por todos los conflictos que se han acumulado, los académicos tenemos la obligación de salir de los claustros y plantear la discusión con la sociedad en sus términos reales, porque no habrá nadie más que lo haga, dado el ambiente sonorense de politiquería electorera, y porque las cosas pueden empeorar.