En los próximos días será presentada en el Congreso de la Unión la iniciativa de Ley Federal de Juegos y Sorteos. El Ejecutivo aplica las últimas revisiones jurídicas al texto y promete que con el nuevo marco legal tendrá más elementos para ordenar el sector, tanto a escala operativa como financiera.

Adicional a las verificaciones ordinarias, se hará una revisión integral. Si bien garantiza los derechos adquiridos por los poco más de 30 permisionarios que, en conjunto, tienen autorización para abrir hasta 855 establecimientos, advirtió que no habrá tolerancia.

Quien no cumpla, perderá el permiso. El que opere con irregularidad tendrá que cerrar; permiso nuevo o viejo, cerrará, dijo a La Jornada un funcionario involucrado en el proceso hacia una nueva ley reguladora –entre otras actividades– de los casinos.

En la nueva norma será fundamental la definición de los artículos transitorios, porque los 34 permisionarios actuales adquirieron sus derechos en condiciones diversas e incluso, en algunos casos, discrecionales, según los propios funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SG) y diputados que integran la comisión especial sobre el tema.

Por ejemplo, Administradora Mexicana de Hipódromo obtuvo su permiso inicial en 1997, con vigencia de 25 años (concluye en 2023); le fueron autorizados un hipódromo y 65 casinos. No obstante, cada uno de los permisionarios tiene condiciones distintas.

Adicionalmente, varios de los empresarios se encuentran en litigio con Gobernación, como Entretenimiento de México (Emex) de los hermanos Rojas Cardona, cuyo permiso fue revocado por la dependencia. Emex tiene registrados 29 casinos, de los cuales la SG le clausuró siete y luego el empresario, por estrategia propia, cerró el resto.

También tiene cierre total de sus seis negocios la empresa Exciting Games, mientras Producciones Móviles, de 18 registros decidió cerrar cuatro y Gobernación le impide la operación de otros tres. Estas dos últimas empresas están vinculadas con acusaciones de una presunta red de corrupción al amparo de gobiernos panistas.

En el fortalecimiento de la regulación se incluye no sólo la protección a usuarios (se deberá expedir un comprobante por cada juego o sorteo) y atención a la ludopatía, sino también el análisis de los lugares en los que operan. Aunque habrá un Instituto Nacional de Juegos y Sorteos, la SG conservará el control principal.

Otro punto a resolver son las peticiones de grupos involucrados, como propietarios de máquinas tragamonedas y caballistas, quienes afirman que en la redacción del proyecto de ley sólo se tomó en cuenta la opinión de los grandes empresarios del sector o de los personajes dominantes en el negocio.