Guatemala.

El capitán Byron Lima Oliva, condenado por el asesinato del obispo Juan José Gerardi, está enojado, echa fuego por los ojos. Durante los pasados 15 años se sintió impune en la prisión de Pavoncito que controlaba junto con el sistema penitenciario de este país; intocable, por encima de la ley. Entraba y salía a su antojo en vehículos blindados y con escolta. Y ahora está en el piso 14 del edificio de tribunales esperando que empiece un nuevo juicio contra él por lavado de dinero, asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho...

Estos días ha dejado a un lado su uniforme de kaibil. La boina púrpura y el cuchillo entre los dientes que caracteriza a esta élite del ejército guatemalteco conocida como máquina de matar. Lima Oliva ha olvidado por un momento sus armas toda la parafernalia militar que sigue usando pese a que supuestamente ya no es militar.

Va enfundado en riguroso traje oscuro, de corbata, pero su imagen, movimientos y actitud son castrenses; lo mismo su corte de cabello; su mirada, retadora. Repite que es amigo del presidente Otto Pérez Molina. Está esposado de igual manera que sus 13 cómplices presentes en la sala, incluidos Édgar Josué Camargo, director del sistema penitenciario, y el subdirector Edy Fischer: Soy un chivo expiatorio, dice de entrada en entrevista con La Jornada, mientras espera al juez Miguel Ángel Gálvez, del juzgado de mayor riesgo.

¿Cómo está su conciencia 16 años después de haber asesinado a monseñor Gerardi? La primera pregunta molesta aún más a Lima Oliva. Su mirada fija es desafiante, como daga. Silencio. Piensa la respuesta unos segundos: Mire, tengo 15 años queriendo demostrar que yo no fui parte de la muerte de monseñor Gerardi.

–Por favor capitán, está usted condenado a 20 años por ese asesinato.

–Sí, pero es un proceso injusto, mediático. Es una forma como en Guatemala se llevan las venganzas políticas.

–¿Y su conciencia? Lo mató en la cochera de la casa parroquial, le destrozó el cráneo a golpes.

–Mi conciencia está limpia.

–¿Puede conciliar el sueño?

–Puedo dormir en paz.

–Usted lo mató a sangre fría por órdenes del Estado Mayor Presidencial.

–Yo ni siquiera estaba aquí.

–Lo mató dos días después del informe para la Recuperación de la Memoria Histórica: fue una ejecución extrajudicial.

–Lo mató la banda Valle del Sol, encubierta, los mismos de la ODHAG (Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala), la Iglesia católica.

–Pero capitán... hay cientos de pruebas contra usted.

–Hay pruebas del FBI que nunca quisieron ver, Yasmín Barrios (jueza) y todos esos...

–Por favor, a estas alturas hay kilos de pruebas que demuestran que usted es el asesino.

–Yo tengo las pruebas del FBI donde ellos me descartan y, sin embargo, a pesar de que el Ministerio Público lo vio, nunca me dejaron demostrarlo.

–Lo que se demostró es que usted es un asesino...

–Chivo expiatorio.

–Está condenado desde hace 15 años y ahora se ha demostrado que nunca cumplió cabalmente su pena, que tenía una estructura criminal dentro de la cárcel.

–Eso es mentira. Eso hay que buscarle primero al ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. A él hay que preguntarle cuál es esa estructura que ellos dicen que existe.

–Existe, en complicidad con usted. ¿Cómo tiene agarrados a funcionarios de este gobierno?

–Hay documentos, pruebas, correos, fotos, videos, mensajes de texto. Tengo todo.

–¿Cómo qué?

–Pruebas de la amistad que existía entre mi esposa Alejandra Reyes con la esposa de López Bonilla (Julissa Palma). Hay videos, fotos, correos.

Poder militar

Desde que fue condenado, hace 15 años, por el asesinato de monseñor Gerardi, el capitán Byron Lima Oliva, de 44 años, creó y dirigió una extensa red de corrupción y extorsión en el sistema penitenciario al abrigo de importantes miembros del gobierno, cuya poderosa estructura militar aún sigue presente.

Lo que siempre se supo fue confirmado finalmente hace unos días por la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (Cicig), una entidad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que integró una detallada investigación junto con el Ministerio Público sobre Lima Oliva y su imperio de millones de dólares obtenidos con base en empresas gestionadas desde la cárcel, y la venta de traslados de prisión hasta por 12 mil dólares; ingreso de aparatos, tráfico de drogas, permisos para visitas conyugales y uso de vehículos blindados.

Lima Oliva despachaba en la cárcel y era visitado por funcionarios, políticos, militares, líderes religiosos, embajadores, empresarios. Tenía vehículos blindados a su disposición y hasta un Porsche. Acumuló una fortuna en propiedades, dinero y caballos. Usaba cinco teléfonos celulares que fueron intervenidos y hay 7 mil 500 grabaciones de llamadas, ahora en poder del juzgado.

Pretende ser presidente de Guatemala. Desde hace unos años mantiene una campaña en redes sociales y un blog que él mismo maneja con un discurso nacionalista contra la invasión extranjera, de entidades internacionales como la ONU y contra las bondades de la democracia.

Byron Lima maquilaba las camisetas de Partido Patriota durante la campaña presidencial de Otto Pérez Molina. Los ministerios de Gobernación y Defensa firmaron contratos para que el condenado por el asesinato de monseñor Gerardi les surtiera camisas tipo polo, pantalones y bolsas hidratantes. Además, era consultado para ofrecer asesoría sobre el mejoramiento del sistema penitenciario e incluso para las listas de nombres a ocupar cargos en la dirección general de Seguridad Pública.

Durante 15 años, Lima Oliva ha sido involucrado en varias causas penales por amenazas, extorsión o evasión. Siempre fue exculpado. La más reciente, en febrero del año pasado, cuando lo detuvieron afuera de la cárcel en un vehículo blindado y con escolta en un centro comercial.

Un juez valiente

El viernes, la sala del juzgado primero B de mayor riesgo estaba llena. El juicio contra Byron Lima Oliva y sus cómplices es público. Y hoy el capitán declarará por primera vez. Ha solicitado 24 horas para exponer todas las pruebas que involucran a funcionarios del actual gobierno. Carga una maleta negra y cajones de plástico verde llenos de documentos que supuestamente demuestran la complicidad de altos mandos.

Es un proceso que involucra a todos los gobiernos, a todas las autoridades que han estado en estos recientes 15 años y que le han dado todo el apoyo, dice el juez Miguel Ángel Gálvez en entrevista con La Jornada, antes del inicio de la audiencia.

Una persona no puede llegar a construir un imperio estando detenido sin que haya un apoyo de todo un aparato. Ni el ministro de Gobernación, que tiene el apoyo pleno del Presidente, pudo con él. Incluso, dice el ministro López Bonilla, que le bloqueó varios préstamos para mejorar el sistema penitenciario: ¡imagínese qué poder tenía! Contaba con vehículos adentro, salía sin grilletes. Al escuchar las grabaciones es impresionante cuántas personas están involucradas. Tenía gente adentro y afuera, ordenaba. Para mí es un lujo decir que contaba con cinco teléfonos. Ni uno que está afuera tiene tantos aparatos, pues.

No es la primera vez que el juez Gálvez se enfrenta al poder militar guatemalteco. El año pasado fue quien resolvió enviar a juicio por genocidio y crímenes de lesa humanidad al general José Efraín Ríos Montt, por ordenar 15 masacres en las cuales habrían muerto mil 771 indígenas de la etnia maya-ixil.

Está sentado en su escritorio; usa traje azul claro y camisa celeste con corbata a cuadros rojos. Sonríe nervioso. La sala ha ido llenándose de público e inculpados: En este caso, al crimen organizado lo protege el mismo Estado. Es una red, una tela de araña. No todo el crimen organizado es igual: está el de los Maras, el del narcotráfico y el de estructuras estatales, pues.

El poder de Lima Oliva era tal, dice, que incluso se daba el lujo de extorsionar a Los Zetas, el grupo delictivo más sanguinario que también ha sido investigado por el juez Gálvez: “Él mismo lo dice en una de las llamadas: ‘Yo tengo 15 años de estar en este trabajo’. Desde que entró a la cárcel inició esta estructura. Aquí es donde se tendría que explicar cómo el sentenciado por el caso Gerardi llega a adquirir tanto poder en la cárcel”.

–¿Los militares siguen controlando este país?

–Tienen un poder que incluso el mismo ministro de Gobernación ha evidenciado. López Bonilla dijo que Lima Oliva le había sugerido al director del sistema penitenciario. Este es el caso de un niño (Lima Oliva) que le han dado todo. Él es el centro. Ha crecido con todo y no ha tenido ninguna limitación.

–¿Usted va ir hasta el final en este juicio? ¿Caiga quien caiga?

–Por supuesto. El derecho tiene que ser parejo. El principio de legalidad constitucional es el sometimiento de la ley al funcionario público.

–¿Se va a ir de Guatemala después, por cuestiones de seguridad?

–Espero que no. Tengo 15 años de trabajar en la Corte y siempre he sido objetivo. Amo a Guatemala.

–¿Y no tiene miedo?

–Por supuesto que sí, máxime que estamos en un país bien complejo.