Empresas inmobiliarias no sólo abusaron de la norma 26 para construir vivienda con un valor superior al prestablecido, sino que en colonias como San Rafael y Santa María la Rivera afectaron edificios patrimoniales, por lo que una vez que inicie el periodo ordinario de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), organizaciones como Red Suma Cero adelantaron que pedirán se castigue a los responsables y se descarten en forma definitiva las propuestas de norma 30 y 31, porque agravarían esa situación.

El arquitecto Rubén Ochoa Ballesteros, vecino de la colonia San Rafael y presidente de la Fundación Privada Verde, muestra en un recorrido varios ejemplos de edificios intervenidos con certificaciones de la norma 26 para vivienda de interés social –actualmente suspendida–, cuya parte trasera fue demolida y sólo dejaron intacta la fachada y su primera crujía, para construir atrás hasta seis niveles de departamentos, que alcanzaron precios de venta de hasta millón y medio de pesos.

Explicó que de 383 edificios catalogados por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) por su valor artístico y que posteriormente el gobierno de la ciudad registró como bienes patrimoniales, se conservan 282, de los cuales, calculó, un centenar han sufrido modificaciones y varios están invadidos por grupos como Asamblea de Barrios.

Entre estos últimos, destacó el casco del Rancho del Cebollón, de estilo neomudejar, en la calle Guillermo Prieto, entre Miguel Shultz y Rosas Moreno, así como la que fuera la embajada rusa en la esquina de ésta última y Antonio Caso, y en la que habitaron Renato Leduc y Leonora Carrington.

En estos casos, advirtió, sería lamentable que los proyectos que en su caso desarrolle el Instituto de Vivienda del DF (Invi) –para el que no aplica la suspensión de la norma 26– no considere la preservación de los inmuebles y pretenda su demolición.

Entre los que se afectaron con la aplicación de la norma 26, están los de la calle Franciso Pimentel números 23 y 46, Ignacio Manuel Altamirano 71 y 93, Gabino Barreda 74 y Rosas Moreno 31.

La coordinadora de Red Suma Cero, Josefina Mac Gregor Anciola, dijo que pedirán también a la ALDF que se aplique una estricta vigilancia de los proyectos que desarrolla el Invi en colonias que son zona patrimonial, además de la anulación definitiva de los proyectos de las normas 30 y 31, así como el castigo a los desarrolladores que han hecho mal uso de la 26, de los cuales la organización ha documentado unos 2 mil 500 casos.

Ochoa, quien organiza recorridos mediante la fundación y los recursos que obtiene se destinan a un fondo para la preservación de estos inmuebles, dijo que existen opciones para garantizar su conservación, como el de la llamada Privada Roja, con espacios para renta a estudiantes y creadores, concepto que se podría replicar aprovechando los 15 teatros y 22 auditorios particulares que hay en la colonia.