El gobierno de México hace un llamado urgente a la acción de todos los países para solucionar el problema que enfrenta el mundo ante la emisión de gases de efecto invernadero.

Roberto Dondisch, director general para Temas Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), advirtió en conferencia de prensa que este llamado no es sólo para mitigar la emisión de gases y de adaptación, sino para mitigar el daño causado por el cambio climático. Es necesario escuchar la voz de los países que más contaminan, pero también a los más afectados, como México, dijo el funcionario.

Acompañado por la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para Organismos Internacionales de la cámara alta, y Mario Pampini, director de Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), anunciaron el Simulador de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP), que se llevará a cabo en el Senado los días 24 y 25 de octubre, y en el que participarán 180 jóvenes estudiantes.

El propósito es que se logre un consenso sobre el contenido y la forma de un instrumento jurídicamente vinculante que se aplique a todos los países y que simule las negociaciones que tendrán lugar en París, el próximo año a finales de noviembre, explicó Dondisch.

Los tres conferencistas destacaron que México es una de las dos naciones en el mundo que cuentan con una Ley de Cambio Climático, lo que ha permitido que la voz del país se escuche en los foros internacionales.

Coincidieron en que la recién promulgada reforma energética permitirá a México cumplir con metas establecidas por acuerdos internacionales. Una de ellas señala que para 2024 deberá generarse 35 por ciento de la energía nacional mediante fuentes renovables.

Interrogados sobre denuncias de que la obtención de gas a través del medio conocido como fracking tendrá efectos nocivos para el medio ambiente, Mario Pampini respondió que el propósito de este gobierno ha sido consultar a todas las partes a efecto de aplicar la legislación vigente, aunque no precisó si, como aseguran las organizaciones sociales, este método provocará efectos dañinos en la ecología.