La minera Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, aportará 2 mil millones de pesos a través de un fideicomiso para la reparación y remediación del daño ocasionado a siete municipios de Sonora por el derrame de 40 mil metros cúbicos de residuos peligrosos, con lo cual se cancela la demanda de responsabilidad ambiental.

Toda persona que cause daño al medio ambiente está obligada a repararlo, y de acuerdo con la legislación hay procedimientos para que cumplan con la obligación. ‘‘Lo más ágil y efectivo es que dichas empresas se sometan y obliguen ante la autoridad para reparar el daño’’, por lo que Buenavista del Cobre y Operadora de Minas se obligaron ante el gobierno de la República a reparar el daño ecológico y pagar los daños materiales ocasionados a los afectados por el derrame del 6 de agosto en Cananea, sostuvo el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan José Guerra Abud.

En conferencia de prensa conjunta con el titular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo; el vocero del gobierno, Eduardo Sánchez, y el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, se anunció que la cifra se podrá elevar si el daño así lo requiere y los recursos se manejarán por aportaciones de 500 millones de pesos.

Castillejos apuntó que debido a que la empresa determinó establecer el fideicomiso, ya no se fincará la demanda en el marco de la Ley de Responsabilidad Ambiental, que inicialmente había anunciado el gobierno federal que utilizaría por primera vez para el pago de la reparación del daño. Con ella se preveía una sanción de 40 millones de pesos y una erogación de ‘‘miles de millones’’, según señaló previamente la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

También se mantiene la concesión minera a la empresa, que produce 200 mil toneladas de cobre al año. Ildefonso Guajardo argumentó que el fideicomiso ‘‘permite llegar a la reparación del daño al ciento por ciento, obligado por la autoridad, que nos ahorra los tiempos que implicaría llegar a la etapa de suspensión y posterior suspensión definitiva’’. La remediación y reparación del daño ‘‘es el objetivo fundamental que estamos persiguiendo y en ese sentido, si se cumple con las determinaciones de la autoridad, automáticamente la actividad productiva seguirá su curso’’.

Para el manejo de los recursos destinados a la remediación del daño se creará un comité técnico de expertos en el tema ambiental, que se encargará de ordenar los pagos para cumplir con el programa (…) que defina la Semarnat y evaluará los reclamos de las personas que hayan sufrido afectaciones a causa del derrame, explicó Guerra Abud. También se integrarán grupos de expertos en materia ambiental, salud, agua, aire, caracterización de suelos, flora y fauna, que recomendarán las acciones necesarias para cumplir con los objetivos del fideicomiso.

Precisó que estos recursos son independientes de las sanciones económicas que sean procedentes y de los procesos iniciados en materia ambiental, como son los que ya están en curso en el contexto de las leyes de Aguas Nacionales y de Residuos, y también se deberá cumplir con las acciones que ya le fueron instruidas por la Profepa.

Por su parte, Castillejos apuntó que ante el sometimiento de la empresa a la ley, y el compromiso de crear un fideicomiso, se va más allá de la Ley de Responsabilidad Ambiental, porque esto implicaba ir ante un juez y un juicio largo antes de llegar a la reparación de los daños al ambiente. Precisó que los 2 mil millones de pesos son para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y, en caso de que el monto sea insuficiente para cumplir con la reparación ambiental, se podrían destinar más recursos de la empresa.