La migración a través de México está marcada por malos tratos, violaciones, discriminación, ataques y secuestros. Sin embargo, hay otro fenómeno que aún no ha sido suficientemente documentado ni visibilizado: la detención de personas migrantes y su vinculación a procesos penales, situación que puede traer como resultado la violación a diversos derechos humanos, entre ellos el debido proceso legal.

En un acercamiento a este fenómeno y para tratar de vislumbrar sus dimensiones, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) llevó a cabo una investigación sobre personas centroamericanas recluidas tanto en cárceles estatales como federales a lo largo del país.

Producto de este trabajo es el informe Migrantes en prisión: la incriminación de migrantes en México, otro destino trágico, el cual señala que en 2013 había por lo menos mil 219 personas de origen centroamericano encarceladas. Más de 90 por ciento eran hombres, 972 estaban en centros estatales de readaptación social –40 por ciento sin sentencia– y 247 en penales federales, 100 sin sentencia. Casi todos provenían de Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras.

Las acusaciones más comunes

Los acusaron de robo, homicidio, delitos sexuales o contra la salud, portación ilegal de armas, entre otros delitos.

De acuerdo con el informe, que no trata de la inocencia o culpabilidad de los procesados, dado que los abusos contra migrantes y la fabricación de culpables son recurrentes en el país, es posible que en muchos casos ni se haya respetado el debido proceso ni se notificara adecuadamente a los consulados respectivos, y que se hayan violado otros derechos humanos.

Esta hipótesis no sale de la nada, sino de haber documentado ampliamente el caso de Ángel Amílcar, cuya defensa es llevada por el ProDh.

Él salió de Honduras en 2009. En marzo lo detuvieron en México. Soldados y policías lo torturaron y fue acusado falsamente de delincuencia organizada. Está preso en Nayarit. De acuerdo con el ProDh, en su detención y procesamiento se violaron derechos como la integridad personal, a la no discriminación, a la libertad, al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la asistencia consular, además de que es casi imposible que su familia lo visite.

La pregunta que nos surgió, dijo Denise González, coordinadora de la investigación, ayer en la Universidad Iberoamericana al presentar el informe, fue cuántas otras personas estarán en la situación de Ángel.