Los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) en el Senado manifestaron al consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos Cervantes, que la iniciativa preferente de Enrique Peña Nieto, que crea la ley general para la protección de niñas, niños y adolescentes se quedó corta, tiene una visión asistencialista y benefactora y no garantista, además de que no consideró presupuesto para que se puedan ejercer esos derechos.

En el primer día de las audiencias púbicas para analizar dicha legislación, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, una de las seis comisiones dictaminadoras, el perredista Alejandro Encinas, señaló al consejero jurídico de la presidencia, Castillejos, que la visión que contiene esta ley es asistencialista y no garantista; donde el Estado sea responsable de garantizar el cumplimento de esos derechos, debería de cambiar de nombre y denominarse ley de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

A su vez, el presidente de la Comisión de Educación del Senado, el panista Juan Carlos Romero Hicks, expuso a Castillejos que hubiera sido mejor una consulta más amplia a la sociedad para construir esta iniciativa. El tono y el énfasis parece más de Estado filántropo o benefactor, más que ser garante de estos derechos. Me sorprende que el Ejecutivo no se atreva a cambiar la arquitectura institucional, se monta en la actual, tenemos que se innovadores.

Abundó el panista, en el tema educativo, parece un licuado de leyes, una tautología de legislaciones, y en el caso de las sanciones, no debe ser punitiva. Dio la impresión inadecuada de que esta sería una norma para resolver el bullying y para atender el problema de niños migrantes, no lo es.

Un mínimo de derechos

En su intervención inicial, Castillejos expuso a los senadores de las seis comisiones dictaminadoras que he escuchado comentarios de que la ley debería de cambiar de nombre, esta ley es diferente a la de 2010, ahora es concurrente y obliga a estados y municipios y va a homologar en todo el país a tener un piso mínimo de derechos.

En el caso de la asistencia social, dijo el consejero jurídico, lo que se busca es homologar las obligaciones de estos centros, que cuente con infraestructura adecuada, que los menores estén alojados en relación a sus condiciones, que se tenga un registro de instalaciones y de menores, porque no es posible que el siglo XXI no se cuente con un listado del nombre y características de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en albergues.

La también senadora del PAN, Pilar Ortega cuestionó que esta iniciativa de ley no cuenta con presupuesto y es necesario dotarla de ello, ya que sin recursos, no se podrá lograr su cumplimento.

En el caso del presupuesto, Castillejos aseveró: en efecto no lo contempla, porque se refiere al ejercicio presupuestal del año en curso que está por concluir, si se aprueba la ley deberán tocar la puerta de los diputados para que establezcan recursos en el presupuesto.