El PRD en la Cámara de Diputados presentó ayer una iniciativa para que el salario mínimo deje de utilizarse como referencia para indicadores como infracciones, créditos, multas o medir la inflación, y sustituirlo por la figura de unidad de cuenta del Estado mexicano.

La iniciativa de ley, que fue turnada a la Comisión de Hacienda, con la solicitud de que la de Presupuesto ofrezca una opinión, es el primer paso para concretar el aumento a los salarios mínimos propuesto por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, quien el lunes pasado informó que se presentará un proyecto en ese sentido.

El coordinador del PRD en San Lázaro, Miguel Alonso Raya, explicó que el proyecto entregado ayer busca construir un instrumento jurídico de observancia obligatoria, con la finalidad de desvincular el salario mínimo de otros parámetros, porque el principal obstáculo para lograr un aumento general de los ingresos de los trabajadores ha sido que los minisalarios se usan como unidad de medida en decenas de trámites.

La iniciativa plantea que la unidad de cuenta del Estado mexicano se fije en 67.29 pesos –valor actual del salario mínimo– y que cualquier referencia al salario vigente en el Distrito Federal sea sustituida por dicha figura, que sería aplicable para los créditos del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) pero no para contratos de naturaleza privada.

En el documento se señala que se trata de construir un instrumento jurídico de observancia obligatoria para desvincular el salario de multas, infracciones, créditos, derechos, contribuciones y otros conceptos financieros y administrativos, a fin de que el aumento (del salario) no impacte en éstos. De esta manera, la unidad de cuenta se utilizaría sólo para calcular el pago de esos derechos.

También refiere que el deterioro general de los salarios en México, especialmente los mínimos, es una deformación histórica de la macroeconomía nacional y es, al mismo tiempo, factor estructural de empobrecimiento y reproductor de desigualdad.

No se trata solamente de un hecho instalado en la economía nacional en los 30 años recientes, tiempo en el que perdió 75 por ciento de su poder adquisitivo, sino de un hecho de actualidad, pues tras la crisis de 2009 los nuevos empleos se ubican en escalas salariales más bajas, indica.

Pone de ejemplo que en la capital del país 80 mil 558 nuevos empleados son pagados con el salario mínimo vigente de 67.29 pesos diarios. Esto revela que México está enfrentando una nueva oleada de empobrecimiento de la población sin que exista una política a la altura de este grave problema nacional, argumenta.

Por ello, agrega, es posible afirmar que el mercado laboral formal, al pagar salarios mínimos tan bajos, se ha convertido en un productor sistemático de pobreza y no en el vehículo para salir de ella.

Hace referencia a que el documento Política de recuperación de los salarios mínimos en México y el Distrito Federal, entregado por Mancera a la Cámara de Diputados, explica que como el minisalario se ha asociado a trámites, límites de crédito, pensiones, gastos públicos y el financiamiento a los partidos, un aumento al ingreso se traduciría de manera automática en un incremento de muchos costos y precios y, por tanto, en elemento inflacionario.

En el documento se considera que el salario mínimo fue desnaturalizado, se le arrebató la función esencial de definir la línea de bienestar mínima para los trabajadores y perdió su independencia como instrumento de política activa.