omo es costumbre, poco a poco intentan apagar el escándalo causado por el más reciente ecocidio de Grupo México y encubrir sus terribles consecuencias. El corporativo y las presuntas autoridades responsables de sancionarlo han dado vuelta a la página porque, dice el primero, ya cumplió, y las segundas que están muy ocupadas en presumir las bondades ecológicas que tendría el nuevo aeropuerto que se planea para la ciudad de México.

De los 40 mil metros cúbicos de productos altamente tóxicos derramados por Grupo México en los ríos Sonora y Bacanuchi ni quién se acuerde, salvo los directamente afectados por la contaminación quienes, con temperaturas de 40 grados centígrados, acumulan un mes sin agua para satisfacer sus necesidades, amén de los efectos negativos causados en la salud de los pobladores y los daños en la industria, agricultura, ganadería y comercio regionales. Eso sí, el presunto gobernador Guillermo Padrés ya se sacó la foto y las supuestas autoridades federales ya dieron su conferencia.

Mientras, el alcalde de Hermosillo (ciudad 250 kilómetros distante de la zona del derrame tóxico en Buenavista del Cobre), Alejandro López Caballero, encendió los focos rojos y advirtió que la contaminación podría estar llegando a algunos de los pozos que abastecen a la capital sonorense, de alrededor de 800 mil habitantes. “En días recientes se han presentado problemas en el abasto de agua en algunas colonias del norte de la ciudad, debido a que ‘extraoficialmente’ recibieron información de que los pozos del oriente se podrían contaminar y por ello no deberían utilizarse, lo que implicó un cambio en la logística de abasto. Además está el caso de la presa El Molinito, también al oriente del municipio, de donde se extraían 500 litros por segundo antes de la contingencia ambiental” (La Jornada, Ulises Gutiérrez Ruelas).

Y los siete alcaldes de igual número de municipios directa e inmediatamente afectados por el derrame tóxico exigen que el presidente de Grupo México dé la cara y comience a reparar los gravísimos daños ecológicos, los cuales, subrayan, deben ser reparados a la mayor brevedad. Y lo citan el próximo miércoles en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con sede en Hermosillo, y para que presente soluciones inmediatas. De no hacerlo, las comunidades afectadas tomarán la mina Buenavista del Cobre.

Pero el problema de la minería tóxica no se limita a las zonas referidas de ese estado norteño, porque en esta República agujereada por los corporativos mineros en todas partes se denuncian los excesos, la contaminación y el contubernio con las presuntas autoridades, las cuales intentan justificar la depredación con aquello de que la economía tiene que crecer (Guerra Abud dixit), aún a costa de la salud de los mexicanos.

En este contexto, en Baja California Sur distintos sectores de la entidad (organizaciones civiles, ejidatarios, prestadores de servicios, ecologistas, estudiantes, etcétera) promueven la firma del Pacto de Todos Santos, cuya presentación formal será el 12 de septiembre (originalmente se programó para el día 5, pero el huracán Norberto obligó a su posposición), con el objetivo de liberarnos de la amenaza de los megaproyectos de minería tóxica en las zonas prioritarias para el abasto de agua y el desarrollo de las actividades productivas de nuestro estado.

Tal Pacto se opondrá, con todas las acciones necesarias, tanto legales como de desobediencia y resistencia civil pacífica, a la instalación de megaproyectos mineros en esta región, puesto que no aceptamos esa sentencia de muerte firmada por la Semarnat, es decir, la autorización que esta dependencia federal otorgó al proyecto minero denominado Los Cardones (en la que participa Ricardo Salinas Pliego, el de los abonos chiquitos), el cual fue rechazado en tres ocasiones cuando la concesión pertenecía exclusivamente a la canadiense Vista Gold (ver México SA del 12 de julio de 2014).

Todos Santos es el punto urbano más próximo a la ubicación de Los Cardones, y su población la que más se ha rebelado en contra del citado resolutivo de la Semarnat, dependencia a la que acusa de violar la ley e incumplir su razón de ser, que es impulsar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas, recursos naturales, bienes y servicios ambientales de México, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable. Por ello, el pacto repudia el ilegal resolutivo aprobatorio, pues transgrede el marco legal, priorizando el poder y el negocio por encima de la salud, el agua y la vida misma de los habitantes de nuestros municipios. No lo aceptamos, ni permitimos semejante agresión, porque el agua, la vida y la Sierra de La Laguna no son negociables.

El Pacto de Todos Santos, que puede ser firmado por todos los mexicanos, exige a los legisladores locales y federales que se manifiesten públicamente en contra de la megaminería tóxica y lleven a cabo las diligencias necesarias para la cancelación de los permisos y las concesiones mineras en nuestros municipios. Quienes no lo hagan, evadan o traten de ignorar este mandato, serán demandados y repudiados, pues apoyar la instalación de proyectos de minería o mantenerse pasivos, desde una representación popular, no sólo no refleja nuestra voluntad como mandantes de dicha representación, sino que atenta contra nuestra salud e integridad.

Así, todo aspirante a puesto de elección popular tendrá que posicionarse oficialmente y ante notario público en contra de los megaproyectos de minería tóxica, so pena de que la ciudadanía del sur de nuestro estado lo repudie y abandone en sus aspiraciones políticas. De igual forma, todo individuo, organización, autoridad, institución (público o no), empresa y/o corporación (nacional o extranjera) que se apersone en esta región intentando establecer megaproyectos de minería tóxica, declarándose a favor de los mismos, o apoyándolos de alguna manera, será repudiada y declarada públicamente como non grata para los municipios de La Paz y Los Cabos, en el entendido de que esta no es una lucha local, sino una cruzada nacional contra depredadoras corporaciones trasnacionales y nacionales, poderes fácticos, gobiernos cómplices y leyes tramposas, que debe culminar, como mínimo, con la derogación de Ley Minera de 1992, origen de toda la problemática minera actual.

Las rebanadas del pastel

Llegó la hora, pues, de que la ciudadanía ocupe el lugar preponderante que le corresponde y actúe en consecuencia.

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