Las empresas podrían embargar activos de cualquier gobierno
Lunes 8 de septiembre de 2014, p. 29
Buenos Aires, 7 de septiembre.
El fundador de Wikileaks, Julian Assange, aseguró que el apoyo de Estados Unidos a los fondos de inversión que exigen mil 600 millones de dólares a la Argentina busca sentar un precedente para que empresas estadunidenses puedan embargar activos de gobiernos extranjeros. Esto, dijo, genera un incentivo genuino en favor de las empresas estadunidenses a la hora de negociar con gobiernos extranjeros
.
En entrevista con el diario Página 12 publicada el domingo, Assange añadió que en el caso argentino, en particular, Estados Unidos la está penalizando por una decisión geopolítica que no le gustó
.
Esto en referencia a la negociación del gobierno de Cristina Fernández con Irán, para que fiscales argentinos puedan interrogar a los sospechosos del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en 1994.
Desde la embajada de Ecuador en Londres, donde se encuentra asilado, Assange añadió que en la última década, Estados Unidos se ha embarcado en un programa de extraterritorialidad
. Agregó que en vez de invadir países a la fuerza, ha ido introduciendo la capacidad de cumplir funciones típicamente de Estado en otros territorios, combatiendo la inmunidad soberana
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Argentina, junto a otros países que integran el G-77 más China, presentó en agosto pasado ante Naciones Unidas una propuesta para establecer un marco regulatorio que proteja los procesos de restructuración de deudas de los ataques especulativos.
Un fallo del juez de Nueva York, Thomas Griesa, bloqueó el pago de Argentina a bonistas que aceptaron la restructuración de la deuda en 2005 y 2010 hasta que el país sudamericano no cumpla con el pago al contado y de inmediato de mil 600 millones de dólares a fondos de inversión que le ganaron un juicio histórico.
Por la orden judicial en Estados Unidos, Argentina fue declarada en default parcial o técnico por calificadoras de riesgo internacionales, al cumplirse el 30 de julio el plazo para cumplir sus compromisos con aquellos bonistas que aceptaron títulos de menor valor a los emitidos antes de 2001.
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