En un mes se registraron en México cuatro ‘‘accidentes’’ ambientales, con dos derrames de petróleo y dos de tóxicos, señaló la organización internacional Greenpeace, al destacar que 70 por ciento de los ríos presentan algún grado de contaminación.

En un análisis del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el organismo ambiental indicó que en 20 meses se consolidó un modelo extractivo de los recursos naturales bajo la promesa de un crecimiento económico que no ha llegado y demostró su menosprecio al medio ambiente.

Puntualizó que los derrames petroleros ocurrieron en las localidades de Cadereyta, Nuevo León, y Huimanguillo, Tabasco, mientras que se derramó cianuro en el municipio de El Oro, Durango, y se derramaron 40 millones de litros de sustancias tóxicas en los ríos Sonora y Bacanuchi, en Cananea, provenientes de la mina Buenavista del Cobre, filial de Grupo México.

Greenpeace indicó que estos casos son la punta del iceberg de la opacidad en la que actúan las industrias en México, ‘‘donde la laxitud de las leyes les permite contaminar a cambio de multas irrisorias por concepto de reparación del daño’’.

Agregó que estos hechos revelan la mala gestión de las cuencas, la poca supervisión a las industrias por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la laxitud de leyes y sanciones. ‘‘La contaminación de los cuerpos de agua afecta directamente a las comunidades que viven cerca de los ríos, lagos y otros afluentes, porque provoca daños a su salud y sus fuentes de alimentos’’.

Además, representa un alto costo para la sociedad, ya que entre más agua sea contaminada en los afluentes, más costoso será potabilizarla, llevarla a las ciudades y atender los impactos que deje en las comunidades y en el medio ambiente que fueron afectados.

Algunas sustancias vertidas por la actividad industrial en los ríos y lagos del planeta son altamente tóxicas y producen afectaciones directas a la salud de los seres vivos, ya que pueden causar disrupciones hormonales, daños al desarrollo del feto o incluso cáncer.

En México, la descarga de aguas residuales –tanto residenciales como industriales– a los ríos, sin análisis ni tratamiento previo, es un problema histórico. ‘‘Esta situación se agrava debido a la permisividad gubernamental a escala federal, estatal y municipal, así como a la falta de cumplimiento de la de por sí laxa normatividad en materia de agua’’.

La organización internacional sostuvo que, a pesar de que la Ley de la Responsabilidad Ambiental –que entró en vigor el 7 de julio de 2013– establece la reparación de daños en caso de delitos cometidos contra el ambiente, hace falta una revisión a la parte de las sanciones para inhibir la contaminación causada por las empresas.

En el caso de Sonora, la multa para Grupo México es ‘‘irrisoria’’, ya que la Conagua impuso el pago de 1.2 millones de pesos por las afectaciones a 24 mil habitantes de siete municipios, mientras la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aplicaría una multa por 40 millones de pesos más la ‘‘reparación del daño’’, cifra que se desconoce.

Sumado a esto, la reforma energética ha abierto otra amenaza en el tema del agua, con el uso de la técnica cpnocida como fracking (fractura hidráulica) para la extracción de gas shale, que consiste en perforar la roca de lutitas mediante la inyección de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas a presión.