ranscurrido casi un mes desde que una filial de Grupo México derramó 40 millones de litros de sulfato de cobre en las aguas del río Sonora y de su afluente Bacanuchi –hecho que provocó uno de los peores desastres ambientales en la historia reciente del país– la corporación mencionada sigue sin asumir su responsabilidad y, a la fecha, las brigadas de reparación y limpieza que la empresa habría debido enviar a la zona sólo han aparecido en una ocasión en la vía fluvial afectada, cuando se hicieron fotografiar esparciendo cal en las orillas del río, el cual luce casi seco en largos tramos.

Aunque ayer la empresa encabezada por Germán Larrea hizo publicar en diversos medios un desplegado en el que promete reparar las afectaciones ambientales provocadas por el derrame de nuestros materiales, tal reparación implica remover del lecho fluvial miles de toneladas de lodo contaminado con sulfato de cobre. Sin embargo, la corporación minera no ha presentado ningún indicio de su disposición a emprender tal tarea y, lo peor, no parece haber ninguna autoridad estatal ni federal que la obligue a concretarla.

Pero Grupo México no sólo tendría que emprender la mitigación integral del desastre por ella causado, sino asumir también las responsabilidades que deriven del cierre prolongado de la presa El Molinito, que normalmente es la principal fuente hídrica de Hermosillo, la cual permanece clausurada por la contaminación, lo que afecta en lo inmediato a los pescadores y constituye un grave riesgo de sequía para la capital de Sonora y otras poblaciones. Debería asimismo encargarse de reparar las afectaciones a la salud de los habitantes de la región, afectaciones cuya magnitud habrá que evaluar a mediano y largo plazos, y en este punto tampoco parece haber autoridad capaz de poner coto a la inveterada irresponsabilidad social de ese consorcio.

El ejemplo más conocido es el accidente de Pasta de Conchos –febrero de 2006–, causado por el incumplimiento empresarial de las medidas mínimas de seguridad laboral y que dejó un saldo de 65 mineros muertos, a pesar de lo cual la empresa de Larrea no recibió sanción alguna. Pero no es el único caso. Dentro y fuera de nuestro país, Grupo México es conocido por causar desastres ambientales y laborales en razón de una desmedida ambición de ganancias que ha convertido a su dueño principal en uno de los hombres más adinerados de la nación. En ese afán, el consorcio es capaz de pasar por encima de consideraciones elementales para con la seguridad de sus trabajadores, del entorno y de las poblaciones aledañas a los yacimientos que explota.

A su vez, la corporación es ejemplo de impunidad empresarial que ha resultado funesta para el país y que se fundamenta en una conocida red de complicidades, encubrimientos e intercambio de favores que vincula al poder económico con el político en todos sus niveles.

La actual administración tiene ante sí la oportunidad de sentar un precedente y deslindarse de esa tradicional connivencia si, con motivo del derrame en el río Sonora y de sus secuelas, aplica las leyes pertinentes y actúa de manera ejemplar para que Grupo México asuma sus consecuencias. De otro modo, si las autoridades se limitan a imponer a ese consorcio una sanción monetaria que puede parecer enorme a ojos de cualquier ciudadano –se habla de una multa de decenas o centenas de millones de pesos–, pero que resulta insignificante para una corporación que percibe anualmente utilidades de miles de millones de dólares, la impunidad empresarial en general, y la de la empresa de Larrea en particular, seguirán causando estragos humanos, laborales y ambientales en el país.