Con la armonización de la reforma educativa en las leyes estatales se profundiza el deterioro y abandono de la escuela pública, afirmaron maestros y directores de primaria y secundaria en el estado de Hidalgo.

En entrevista con La Jornada, destacaron que en la Ley de Educación de esa entidad, aprobada en marzo pasado, se establece en el artículo 82, fracción 6, que las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto participar en la aplicación de cooperaciones en numerario, bienes y servicios que, en su caso, hagan las propias asociaciones al establecimiento escolar.

Con esta medida, afirmaron, no sólo se legaliza el abandono del Estado en el financiamiento a su infraestructura y equipamiento, al incluir como obligación de los padres el sumarse a la tarea de buscar recursos para los planteles, sino que incluso, se establece que los directores podrán alertar a sus autoridades educativas sobre aquellos que no cooperen.

Denunciaron que hay una afectación severa a los derechos laborales de los maestros, pero también de las condiciones en que alumnos y docentes acudirán a las aulas, pues se imponen mayores mecanismos de vigilancia y sanción.

Armando Azpeitia Díaz, integrante del magisterio disidente de la sección 15 de Hidalgo y asesor técnico pedagógico en servicio, afirmó que si bien la autoridad estatal establece que las cuotas voluntarias no podrán condicionar el acceso al servicio educativo, en los hechos legaliza su obligatoriedad, porque se exigen en las escuelas.

Al respecto, Aurelio García García, profesor en servicio, indicó que en el artículo 80 de la norma estatal se establece que serán obligaciones de quienes ejerzan la patria potestad o tutela de los alumnos hacer del conocimiento de las autoridades educativas las irregularidades cometidas por el personal administrativo o académico que ocasione perjuicios, daños o cambios emocionales a los alumnos.

Esta medida, consideró, alentará las confrontaciones entre padres y maestros, pues también se les da la atribución en el artículo 84, fracción 7, de que los Consejos Escolares de Participación Social propongan estímulos y reconocimientos de carácter social para alumnos, profesores y directivos, a fin de ser considerados para estipular los méritos que establece la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Y al mismo tiempo, agregó, demanda a las autoridades escolares, es decir, a los directores, a que cuando detecten padres que no quieran cooperar con cualquier iniciativa, incluso recolectar recursos, se le notifique a la autoridad educativa local, como establece el artículo 81, para que se inicie un proceso de orientación con el familiar responsable.

Martín Yáñez y Daniel Montaño, profesores en servicio, consideraron que la reforma educativa impone muchas medidas que sólo irán deteriorando aún más la vida escolar.

Destacaron que la denominada automía de los centros educativos, es en realidad sólo un mecanismo para ponerte la soga al cuello. Cada uno de los programas que se busca implementar, como Escuela Digna, Segura o de Excelencia, establece paso a paso qué y cómo debemos hacer las cosas. No hay espacio para cambiar nada y adaptarlo a la realidad de la escuela, o simplemente quedas fuera de las normas.