Al conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, organizaciones sociales, activistas y familiares de los afectados protestaron en al menos seis estados para denunciar que en muchos casos están involucradas las corporaciones policiacas.

Los manifestantes exigieron a los gobiernos federal y de los estados investigaciones de fondo para terminar con la impunidad. Hicieron un llamado para que se percaten de la orfandad, de la ausencia, del drama que envuelve a miles de hogares en México.

En Chihuahua se manifestaron en el puente Córdoba en Ciudad Juárez para exigir a las autoridades que busquen a sus familiares y amigos. Integrantes del Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas acudieron a los cerros de Juárez y colocaron mantas blancas con un mensaje donde demandan que busquen y encuentren vivas a sus hijas.

La Fiscalía General de esa entidad reconoce que son mil 250 las personas desaparecidas desde 1993 a la fecha. Muchos casos ocurrieron de 2008 al 2013, cuando estuvo en marcha el Operativo Coordinado Chihuahua para combatir la delincuencia organizada.

En Nuevo Laredo, Tamaulipas, denunciaron que muchos desaparecidos fueron arrestados en operativos de la Marina, de la Policía Federal o del Ejército. Hasta 2014, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo ha integrado 93 expedientes. Raymundo Ramos Vázquez, presidente del organismo, habló de la ausencia, de la cama vacía, del dolor.

Los familiares de las víctimas hicieron representaciones: Oralia, esposa de José Fortino Martínez, detenido en junio por elementos de la Marina, llevó la ropa con la que su marido se vestía. La esposa e hijos de José de Jesús Martínez –desaparecido en junio de 2013 tras ser arrestado por marinos– se sentaron en una mesa y dejaron un lugar vacío, para retratar la espera, la orfandad.

Con la presentación del documental Ausencias, en Saltillo, Coahuila, Lourdes Herrera expuso que no sabe el destino de su hijo de ocho años, que desapareció junto a su padre, Brandon Acosta Rodríguez, y dos tíos, el 29 de agosto de 2009. Iban en un auto rumo al aeropuero de Ramos Arizpe cuando los interceptaron hombres armados que se los llevaron a todos.

Han sido cinco años eternos, porque no hay nada en mi caso; cinco años de espera, búsqueda y esperanza, de lucha, de aportar mucho de mí y no recibir nada a cambio, dijo luego de la presentación del documental, que productores independientes hicieron en memoria del menor y de la lucha que su madre enfrenta para encontrarlo.

En Chilpancingo, Guerrero, el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) comenzó la Campaña por la Vida, la Libertad y la Justicia. Su coordinador, Javier Monroy Hernández, detalló que “en Guerrero, al igual que en todo el país, por una parte se ha magnificado el delito de desaparición forzada e involuntaria de personas, que en muchos casos se asocia con tortura y se deriva en ejecuciones extrajudiciales o prisión política”.

Manifestó que la violencia prevalece, aun cuando el gobernador (Ángel Aguirre Rivero) y el presidente (Enrique Peña Nieto) han anunciado con bombo y platillo sus diversos e inútiles programas de seguridad, que más bien parecen de contención hacia la población y los movimientos sociales.

En la catedral de Culiacán, Sinaloa, inconformes realizaron un plantón para denunciar la impunidad. Relataron que hay 300 desapariciones y la mitad ocurrió en los tres años de gobierno de Mario López Valdez, y todos los casos están impunes. Dijeron que en 2014 al menos 13 personas han sido desaparecidas, y en la mayoría de los casos las acusaciones van hacia integrantes de las corporaciones policiacas.

En Michoacán, integrantes de las organizaciones civiles Alzando Voces y Hasta Encontrarlos marcharon por avenidas de Morelia para exigir a los gobiernos federal y estatal que investiguen el destino de 200 personas desaparecidas desde 2006.

Rubén Villalpando, Leopoldo Ramos, Sergio Ocampo, Javier Valdez, Carlos Figueroa y Ernesto Martínez