Lejos de demostrar que está atendiendo los reclamos de los familiares de personas desaparecidas, el gobierno de México ha dejado que prevalezca la confusión sobre temas tan sensibles como la cantidad de víctimas de este crimen de lesa humanidad, señaló Amnistía Internacional (AI).

En el contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada –que se conmemoró ayer–, la organización lamentó que la Procuraduría General de la República (PGR) haya dado a conocer el pasado 21 de agosto que el número de personas no localizadas es de 22 mil 322, pero sin explicar cómo se llegó a ese dato.

Una vez más el gobierno mexicano aporta una nueva cifra sobre personas no localizadas, sin claridad sobre cómo se obtuvo ni transparencia alguna. No queda claro cómo estas 22 mil 322 personas se relacionan con los datos aportados por la Secretaría de Gobernación el 22 de mayo, que se referían a 8 mil personas, y el 16 de junio que explicaron que en realidad se trataba de 16 mil personas, subrayó AI.

Pese a afirmar que este tema es prioridad para el gobierno federal, las cifras aportadas siguen creciendo sin tener ninguna coherencia con las declaraciones. No existe ningún documento oficial que explique claramente el proceso de depuración de datos y el porqué las cifras han variado de forma tan drástica en tan poco tiempo. Tampoco hay claridad en cuanto a las personas localizadas después de haber sido reportadas como sustraídas por la fuerza, criticó el colectivo con sede en Londres.

De igual forma, AI calificó de preocupante que en las cifras no se especifique cuántas personas son presuntas víctimas de desaparición forzada, es decir, cuando existen indicios del involucramiento en la sustracción de la persona por un servidor público, más aun cuando se sabe que en muchos casos hay funcionarios implicados, sin que existan procesos judiciales en su contra.

Aunque Amnistía Internacional saludó la construcción de un Plan Nacional de Búsqueda y el surgimiento de una Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR, al mismo tiempo indicó que no se ha brindado evidencia de que en el día a día las personas víctimas y sus familiares estén recibiendo una mejor atención.

No hay pruebas, lamentó, de que las búsquedas sean más rápidas, enfocadas, coordinadas o eficaces y que lleven ante la justicia a las personas responsables, sean funcionarios públicos o delincuentes”.