Líderes sindicales y abogados laborales coincidieron en que elevar el salario mínimo no es un factor inflacionario, pues en general las percepciones no representan un elevado porcentaje del proceso de producción de bienes y servicios, e insistieron en que incrementarlo es un acto de justicia social, pues esa remuneración está perdiendo su poder de compra desde hace varias décadas, por lo que ya no responde al mandato constitucional de que debe cubrir las necesidades básicas familiares.

Manuel Fuentes Muñiz, abogado laboral y académico-investigador de la UAM-Iztapalapa, expuso que es un tema de responsabilidad del Estado que no se ha cumplido, pues el mandato constitucional señala que el salario mínino debe ser familiar, no personal, pero con el transcurso del tiempo se ha convertido es una percepción presionada, por lo que se requiere del auxilio de varios integrantes del hogar para alcanzar un monto digno.

Consideró que es un tema de justicia social aumentarlo, ya que en promedio 60 por ciento de los trabajadores del país perciben dos salarios mínimos. Puntualizó que además su monto incide en otras remuneraciones, como las contractuales, las cuales se elevan en relación con el porcentaje anual en que éste sube.

Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México, expuso que dicha remuneración es totalmente miserable, pues a lo largo de tres décadas ha perdido alrededor de 90 por ciento de su valor adquisitivo, según estudios actuariales, académicos y del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados.

En la inauguración del 33 congreso general ordinario del Stunam, Agustín Rodríguez Fuentes, líder del gremio, aseguró que es una falacia el argumento que enarbola el empresariado respecto a que subir el salario mínimo sería inflacionario