s necesario, en la definición de una estrategia de desarrollo para el campo mexicano, desechar la idea de que el ejido y comunidad deben desaparecer, porque se considera a ambas instituciones agrarias anacrónicas y pre-modernas.
En mi artículo más reciente http://gustavogordillo.blogspot.mx/2014/ 08/el-campo-contra-hechos-3.html señalé que las últimas dos décadas ocurrió –en términos de superficie, núcleos y sujetos agrarios– una expansión moderada y constante de la propiedad ejidal y comunal. Al comparar los resultados de los censos ejidales 1991 y 2007, se observan un mayor número de ejidatarios y comuneros (20 por ciento), un incremento moderado del número de núcleos agrarios (5 por ciento) y una expansión leve de la extensión territorial bajo régimen ejidal o comunal (3 por ciento).
Los datos demuestran una vez más que las sociedades agrarias son persistentes, resilientes y adaptables.
Los intentos para despojar a las sociedades agrarias con el argumento de la modernización ha afrontado dos barreras infranqueables.
La primera es la propia naturaleza de los mercados de tierras. En ninguna parte, en ninguna época existe un mercado unificado nacional de tierras. Lo que existen son mercados regionales y locales de tierras. Estas instituciones son, además, el ejemplo más acabado de las imperfecciones de los mercados: fragmentados y con profundas asimetrías de información. Para corregir las imperfecciones de los mercados se requiere de intervenciones públicas. Implican leyes o decretos. Pero en todo cuerpo legal la clave son los instrumentos que garantizan el acatamiento de las leyes. Si esos instrumentos no existen, las leyes no se cumplen. En general el despojo de las sociedades agrarias ha sido el producto de intervenciones de los aparatos represivos del Estado sea buscando implantar latifundios privados como en el México porfirista o en Chile con Pinochet, sea impulsando colectivizaciones forzosas como en la Unión Soviética de Stalin o China de Mao-tse-tung.
Pero también las sociedades agrarias reaccionan ante los intentos de despojos con un enorme reserva de flexibilidad y adaptación al nuevo contexto. Aquí se encuentra la segunda barrera que es la resistencia multiforme de las sociedades agrarias. Existen dos respuestas básicas: la adaptación usando los instrumentos legales disponibles y la impugnación a partir de movilizaciones que buscan y generalmente logran modificar la correlación de fuerzas.
Es importante subrayar cómo en el programa de certificación de derechos agrarios se incorporaron más de 95 por ciento del total de los sujetos agrarios –ejidos y comunidades. Esto enmarcó una serie extraordinariamente amplia y diversa de tratos agrarios que implicaron diversas formas de adaptación al marco legal vigente.
Pero también se han expresado en movilizaciones sociales masivas que casi puntualmente ocurren cada 40 años –1921-1940; 1970-1985.
Las sociedades agrarias mexicanas están vivas, pero dañadas económica y socialmente y acosadas por empresas mineras y megaproyectos. Sus fuentes de ingreso se han modificado drásticamente. El ingreso no salarial asociado a producción agrícola se ha reducido. El salario por actividades no agrícolas es la principal fuente de ingreso para todos excepto los más pobres que dependen de las transferencias públicas. Para muchas familias las remesas se han constituido en fuente decisiva de su ingreso.
No son vestigios del pasado, sino testimonios lacerantes de un presente injusto que las margina. Pero podrían ser faros de un futuro de prosperidad inclusiva.
Hay dos caminos: el que se ha intentado implantar con recurrencia que es desposeerlas de sus recursos o el que se podría transitar desde ahora reconociendo su potencial productivo, su base cultural, sus redes sociales de cooperación y solidaridad; y desde esa plataforma impulsar el rescate del campo mexicano. De esta vertiente hablaré en el siguiente y último artículo de esta serie.
