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La regulación asegura que toda la ganancia quede en manos de los dueños, asevera

Hay al menos 30 conflictos derivados de la actividad minera en el país: Fundar

Trabajadores refieren que siempre ha habido derrames, nada más que los ocultan

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Trabajadores de Grupo México y empleados temporales del estado de Sonora realizan labores de limpieza en los ríos Sonora y Bacanuchi, en el municipio de ArizpeFoto Cuartoscuro
 
Periódico La Jornada
Viernes 29 de agosto de 2014, p. 15

Actualmente hay en el país al menos 30 conflictos derivados de la actividad minera en territorio nacional, la cual generalmente tiende a generar disputas sociales por las afectaciones al suelo y al medio ambiente y, además, vulnera los derechos de los pueblos indígenas, indica la organización Fundar.

En la Sierra Norte de Puebla hay al menos cinco o seis mineras, en alrededor de 10 comunidades. En Baja California Sur está el proyecto Los Cardones, entre otros, que los habitantes no quieren que se instalen y está en un área natural protegida. En Michoacán, en La Mira, los desechos inundan pueblos, señaló Sergio Serrano, del grupo Pro San Luis Ecológico.

Abundó que hay disputas en los pueblos con las mineras en Oaxaca, Chiapas, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, además de Minera San Xavier, en Cerro San Pedro, hay otra explotación en la Sierra de Álvarez, así como en Angangueo, Michoacán, que afectaría a la reserva de la biosfera Mariposa Monarca.

De acuerdo con la organización Fundar, el actual marco legal en México dio paso a la consolidación de grandes empresas oligopólicas nacionales, como Grupo México, Grupo Peñoles, Grupo Frisco, Altos Hornos de México, y generó las condiciones propicias para la entrada de más de 200 proyectos de explotación de origen extranjero, dominados preponderantemente por empresas canadienses, en 70 por ciento.

Abundó que el marco regulatorio, laboral, de medio ambiente y fiscal que rige a la industria minera en México se asegura de que todas las ganancias de la explotación se queden en manos de los dueños de estas empresas, al tiempo que los gravísimos costos asociados a la explotación son transferidos a las poblaciones.

Serrano indicó que en el cierre de la empresa Buenavista del Cobre, en Cananea, Sonora, que vertió residuos peligrosos a los ríos Sonora y Bacanuchi, debió proceder protección civil del estado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente o la Cofepris, ya que los tres organismos tienen facultades para cerrar. Mencionó que en las instalaciones de la Minera San Xavier el 25 de mayo tuvo un derrame de cianuro, hay trabajadores que dicen que siempre ha habido derrames, nada más que los ocultan.