El aumento en las agresiones a defensores de los derechos humanos ha ido a la par de la aprobación y la instauración de las reformas estructurales, señalaron organizaciones no gubernamentales durante la presentación del informe anual La defensa de los derechos humanos en México: una lucha contra la impunidad, el cual presenta un balance hasta mayo de este año.

Según el documento, en el sexenio de Felipe Calderón (del primero de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012) hubo 999 detenciones arbitrarias, y en lo que va del de Enrique Peña Nieto, 669 aprehensiones –por motivos políticos– de defensores de los derechos humanos.

En cuanto a ejecuciones extrajudiciales contra luchadores sociales y defensores de las garantías individuales, en el sexenio anterior se documentaron 67, y en menos de dos años del actual periodo van 25.

En el rubro de desapariciones forzadas, en el periodo del panista se documentaron 55; en lo que va del actual sexenio, 29.

El informe apunta que en detenciones arbitrarias por motivos políticos el Distrito Federal ocupa el vergonzoso primer lugar, con 220, casi todas efectuadas en manifestaciones públicas. El segundo sitio en el rubro lo tiene Oaxaca, con 59 casos, y el tercero Chihuahua, con 20.

Guerrero ocupa el primer lugar en ejecuciones extrajudiciales, con siete casos, seguido de Oaxaca, con cinco.

Según el documento –elaborado por Acción Urgente para la Defensa de los Derechos Humanos, el Comité Cerezo México y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada–, los estados más peligrosos para los defensores de derechos –sin incluir las detenciones hechas en el Distrito Federal– son Oaxaca, Chiapas y Guerrero.

Francisco Cerezo, del Comité Cerezo, aseveró que como la cantidad de agresiones a defensores de los derechos humanos en los 21 meses del actual sexenio es cercana a la alcanzado durante el periodo de Calderón, se prevé que esos abusos superarán con creces los cometidos entre 2006 y 2012.

“Parece que el nuevo PRI, durante los 12 años de descanso, se dio tiempo para afinar las estrategias de represión.”

Jesús Piña, representante adjunto de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, señaló que en ese organismo ven con preocupación la situación de esos defensores en México.

Agregó que, de acuerdo con el informe, los activistas deben soportar amenazas, hostigamiento, ataques y violencia sexual; todo, en un contexto de alto índice de impunidad.

Por lo anterior, llamó al gobierno a que procure un avance en la investigación de estos casos y castigue a los responsables.

Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, señaló que este gobierno priísta, al igual que el del panista Felipe Calderón, utiliza una estrategia de control social y represión. Agregó que, lamentablemente, ha aumentado la criminalización de la protesta social, la cual avanza conforme a las reformas estructurales.

Añadió que en este contexto de control social y políticas totalmente injustas y violatorias de los derechos humanos, urge mayor relación entre las organizaciones de defensa de derechos humanos y los movimientos sociales.

Alejandro Cerezo, del Comité Cerezo, afirmó que de junio de 2013 a mayo de 2014 se registraron 204 casos de agresiones a defensores, que constituyen 274 actos violatorios de los derechos humanos, los cuales afectaron a 133 personas, 47 organizaciones y 24 comunidades.