Diversos organismos hicieron un llamado urgente al Congreso de la Unión para que a la brevedad se cuente con una legislación federal semejante a la Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición, vigente en Coahuila.

Dicha norma, aprobada por unanimidad en mayo de este año, dispone que las empresas deben mantener los derechos laborales y el sueldo de aquellos empleados que fueron víctimas de desaparición. De esta manera, se permite que sus beneficiarios continúen con el ingreso monetario que les proveía su familiar, cuenten con seguridad social o conserven un crédito de vivienda.

También pidieron la solidaridad del sector patronal que se opone al ordenamiento. “Se dicen afectados por esta ley, pero nosotros estamos desgastados en investigaciones y sacando dinero de nuestro bolsillo desde hace años: no hay monedero que aguante. Mi hijo –desaparecido desde diciembre de 2008– dejó cinco huérfanos, y ellos se dicen dañados”, señaló Yolanda Morán, de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila.

En conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Corcuera, integrante del Comité de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas, señaló que sólo Coahuila y Querétaro han reconocido la personalidad jurídica de los desaparecidos, como ordena la Ley General de Víctimas para todas las entidades.

Indicó que está dirigida a solucionar lo práctico, y resaltó que una vez que un juez dicte el reconocimiento de ausencia por desaparición, éste será válido en todo el país. Sin embargo, hasta el momento sólo puede ser emitido en Coahuila y por un hecho ocurrido en ese territorio.

De ahí la urgencia de que el resto de las entidades adopten esa figura jurídica. Hacemos un llamado a otras legislaturas para que hagan lo mismo, subrayó Alan García, de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

También convocó a los empresarios coahuilenses a comprometerse y ser leales a esta legislación, pues se trata de un mínimo reconocimiento a quien colaboró a generar riqueza. El sector privado en aquella entidad se ha opuesto al artículo 10, sobre los pagos de salarios, por considerar que se contrapone a la Ley Federal del Trabajo.

Sobre lo anterior, Carlos Pérez, coordinador de asesores de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras reconocer que la desaparición constituye un problema de Estado y celebrar esta ley, aseguró que tendrá que armonizarse con dicha legislación laboral.