l gobierno de Guerrero y la Casa de los Derechos de los Periodistas analizan crear en el Distrito Federal un albergue para comunicadores del estado que estén en riesgo por su actividad, según se informó el fin de semana.

El dato cobra importancia cuando se revisan las estadísticas de los agravios a reporteros en la entidad: en las tres recientes administraciones estatales, de René Juárez Cisneros, Zeferino Torreblanca Galindo y Ángel Aguirre Rivero, 12 periodistas han sido asesinados; dos se encuentran desaparecidos y tres han sido obligados a huir del estado.

Durante el primer periodo, interino, de Ángel Aguirre (1993-1996) fue asesinado Abel Bueno León; en el actual han desaparecido Marco Antonio López y Emmanuel Salvador Reyes, y han sido asesinados Juan Francisco Rodríguez, María Elvira Hernández, Juan Carlos Hernández y Jorge Torres Palacios; en tanto, Emilio Lugo y Ezequiel Flores fueron orillados al exilio. Cinco muertos, dos desplazados y dos desaparecidos.

Con René Juárez Cisneros fue desaparecido Leodegario Aguilera Lucas y asesinado Rafael Villafuerte, y durante el período de Zeferino Torreblanca fueron ultimados seis periodistas: Amado Ramírez, Misael Tamayo, Evaristo Pacheco, Jean Paul Ibarra, Jorge Alberto Ochoa y Juan Daniel Martínez Gil; asimismo Everardo Monroy Caracas debió irse del estado. Las víctimas tienen nombre y apellido, no son sólo estadísticas.

Sólo ha habido detenidos en dos casos: el de Villafuerte, en el gobierno de Juárez Cisneros, y en el de Amado Ramírez, en el de Torreblanca.

El actual gobierno no ha resuelto un solo caso, ni parece que eso vaya a ocurrir. Por ello, un albergue para periodistas guerrerenses en el Distrito Federal es importante, pero más es castigar a los agresores para acabar con la impunidad y, así, inhibir futuros ataques.