n una semana observaremos la danza de las cifras alegres sobre lo que antaño se decía el estado que guarda la nación. Hoy nos preguntamos: ¿cuál nación? El peñanietismo ha hecho la tarea, en efecto. Logró lo que ni el panismo se atrevió: culminar el andamiaje jurídico del proyecto privatizador cuyo ciclo se abrió en 1992.

De esas glorias se hablará; sin embargo, toca a los pueblos y movimientos de oposición impedir la aplicación, en un contexto sumamente complejo y no exento de contradicciones. El pasado 9 de agosto, el EZLN y el CNI emitieron dos declaraciones cuyos ejes fueron el despojo y la criminalización en sus diversas facetas. Ya di cuenta de la diversidad de pueblos y organizaciones indígenas que participaron y dieron sentido a los 29 espejos que fueron delineados (12 de agosto de 2014). De ellos, importa ahora destacar a grandes rasgos los perfiles de algunos conflictos que están en curso, pues se profundizarán cuando la mano de la reciente reforma energética los alcance.

En Michoacán: despojo de tierras comunales por supuestos pequeños propietarios que son a su vez cabezas del crimen organizado en la región; saqueo ilegal de minerales y maderas preciosas para después ser exportados por empresas trasnacionales chinas.

En Veracruz: lumbreras, liberación de gas venteado, derrames tóxicos por ductos dañados que han devastado las fuentes de agua.

En Jalisco: rentas de las tierras ejidales a empresas aguacateras trasnacionales (con sede en Michoacán), invernaderos extranjeros, además de añejas invasiones agrarias en las que, pese a haber sido ordenada la restitución en favor de varias comunidades wirrárikas, como la de San Sebastián Teponahuaxtlán, ésta no se ha ejecutado; en la sierra de Manantlán, saqueo de 2 millones de toneladas de hierro y de maderas preciosas con el apoyo del crimen organizado.

En Nayarit: amenaza por la construcción de la presa Las Cruces.

En Sonora: la presa Los Pilares y el acueducto Independencia que continúa, pese a los triunfos jurídicos de los yaquis.

En Oaxaca: imposición de reservas ecológicas que arrebatan el control territorial a los pueblos, así como la carretera Tuxtepec-Huatulco y el corredor turístico Chinanteco.

En Chiapas: la pretendida imposición de la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque; en Bachajón, los complejos turísticos en las cascadas de Agua Azul.

En el estado de México: la comunidad nahua de San Pedro Tlanixco ha sido despojada de sus manantiales y aguas del río Texcaltenco.

En Puebla y Morelos: comunidades amenazadas por concesiones mineras, proyectos hidroeléctricos, ampliación de carreteras.

Este denso panorama de conflictos nos muestra que la mira de la lucha de estos pueblos está en la defensa de sus derechos autonómicos y territoriales y al acercar la lupa a cada uno se puede observar que su resistencia se apoya en diversas estrategias. Algunos mantienen en jaque al Poder Judicial, a tribunales agrarios, y lamentablemente su experiencia demuestra que no se logran concretar los triunfos jurídicos, por lo que las vías de hecho se imponen. Una semana después de clausurada la primera compartición, el caracol de Resistencia Hacia un Nuevo Amanecer, junta de buen gobierno El camino del futuro La Garrucha, Chiapas, divulgó las graves agresiones que sufrieron diversas comunidades entre el 25 de julio y el 14 de agosto por parte de la Orcao, que incluyeron intimidación mediante balaceras, despojos de tierra y ganado, destrucción de viviendas, desplazamientos forzados entre comunidades. Explicaron que no denunciaron de inmediato para no afectar los trabajos de los pueblos originarios de todo el país que se efectuaban en La Realidad. Demandan de nuevo paz, pues ellos condujeron a la población para retirarse y no caer en provocaciones. Con todo es significativa la reactivación del Congreso Nacional Indígena en alianza con el EZLN.

Por otra parte el caleidoscopio político encuentra arenas de contraste. Por ejemplo, el Movimiento Indígena Nacional (MIN) se ha pronunciado por una alianza indígena y campesina y un frente nacional de todo el pueblo. Es en efecto sólo una consigna que se acompaña de reflexiones genéricas; declaran que la Constitución federal no establece derechos en materia indígena; son ejercicio retórico y de simulación política, cuando no lo hicieron en 2001, y se suman al movimiento en defensa del territorio y el derecho a la alimentación, por lo que se disponen a participar con ellos en las mesas de diálogo con Gobernación. Firman 15 indígenas que en su mayoría provienen de lo que fue la Asamblea Nacional Indígena por la Autonomía (Anipa), hoy son el MIN. En suma, mientras el gobierno reprime a los que resisten, a otros les ofrece mesas de diálogo, que asumen como vía aparentemente coyuntural sin dar cuenta de que para el Estado mediatizar implica abonar a su objetivo estratégico de contención.