A cuatro años de la matanza de San Fernando, Tamaulipas –en la que 72 migrantes fueron asesinados por miembros del crimen organizado, con la aparente colusión de servidores públicos–, las autoridades siguen sin honrar su compromiso de tomar medidas para garantizar la seguridad de los indocumentados en su paso por México, denunció Amnistía Internacional (AI).

En un comunicado, la organización de derechos humanos subrayó que la verdad detrás de estos crímenes no ha sido esclarecida, los responsables no han respondido ante la justicia y la identificación plena y fidedigna de todos los restos sigue pendiente, pues aún quedan 11 cuerpos sin reconocer y la falta de transparencia en el manejo de los casos ha sido grave.

El colectivo con sede en Londres recordó que a los pocos días de encontrarse los cuerpos de los migrantes asesinados, el gobierno federal anunció que pondría en marcha un plan coordinado para prevenir los secuestros.

No obstante, entre abril y mayo de 2011 se hallaron 193 cadáveres en 47 fosas clandestinas en San Fernando, entre los que se encontraban personas migrantes mexicanas y de otros países. Tampoco se siguieron procedimientos adecuados ni se han esclarecido los hechos.

Recomendación incompleta

Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó una recomendación sobre el tema, que se queda corta frente a la situación que aborda: no califica los hechos como violaciones graves a derechos humanos, no ofrece una explicación sobre lo ocurrido, no toma en cuenta a las víctimas ni a sus familiares ni otorga una reparación integral del daño, agregó AI.

Por todo lo anterior, la organización recomendó implementar el Protocolo para el Levantamiento e Identificación de Cadáveres y Restos Humanos, crear un banco nacional de datos de información forense y generar –con la participación de la sociedad civil– un mecanismo que facilite el intercambio de esos datos sobre restos no identificados y personas mexicanas y centroamericanas desaparecidas en México.