La agenda legislativa del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados contiene 23 prioridades para impulsar durante el próximo periodo ordinario de sesiones que iniciará el primero de septiembre. La primera atiende al impulso de la consulta popular, cuya pretensión es derogar la reforma energética.

La coordinación de los diputados del sol azteca en San Lázaro, encabezada por Silvano Aureoles, Miguel Alonso Raya, Aleida Alavez y Carol Altamirano, anunció la reunión plenaria que habrá de celebrarse los días lunes y martes de la semana próxima (25 y 26 de agosto) en un hotel del centro de la ciudad de México. La citada lista de intenciones de los perredistas también incluye –como segunda cuestión– emprender una campaña de difusión masiva en medios electrónicos e impresos que dé cuenta puntual del daño y de los graves riesgos que entraña la reforma energética, como es el desmantelamiento de la industria, de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El objeto del trabajo de los diputados no tendrá como sustento la aprobación de iniciativas de ley o reforma a diversas legislaciones. En tercer lugar contemplan un gran acuerdo político, económico y social a firmarse con cámaras empresariales y grupos de sindicatos de trabajadores de todos los sectores productivos –incluido el campo– que genere las condiciones necesarias para promover la recuperación salarial. En este caso presentarán una propuesta para eliminar la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y sustituirla con un Instituto de Salarios Mínimo, Productividad y Reparto de Utilidades.

Silvano Aureoles también expuso la necesidad de revisar la propuesta de paquete económico que envíe el Ejecutivo Federal (el lunes 8 de septiembre) a la Cámara de Diputados, con el fin de respaldar, e incidir en el crecimiento de los recursos asignados a los programas sociales, la política de subsidios, política hidráulica, política indígena, los fondos metropolitanos de capitalización.

Al inicio de la semana próxima, en el encuentro citado, los representantes de ese partido definirán como prioritario garantizar que los recursos presupuestales lleguen a los productores y campesinos y no a las grandes trasnacionales, como ha ocurrido en las décadas recientes.

A esto se añadirá el fortalecimiento al sistema de salud pública y a las instituciones de seguridad social; reforzar las facultades de los estados y municipios en materia de recaudación; mantener la progresividad fiscal; impulsar la minuta con proyecto de decreto que reformaría –en el ámbito constitucional– el combate a la corrupción; promover la austeridad en el gasto público e impulsar una iniciativa que regule las remuneraciones máximas a los servidores públicos.

Los diputados perredistas se enfocarán en sacar adelante la reforma política para el Distrito Federal con el fin de que a la ciudad de México se le reconozca plenamente su soberanía y el principio de capitalidad, que le permita aprobar su propia constitución como parte del pacto federal, en la perspectiva de convertirse en una ciudad capital.