La Agencia de Gestión Urbana de la ciudad de México (AGU) propuso a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) establecer un pago anual por uso, aprovechamiento y explotación de bienes de uso común a las empresas públicas y privadas que en la prestación de sus servicios ocupan con su infraestructura calles, avenidas, plazas, viaductos, paseos, parques y jardines públicos, incluyendo el subsuelo y el espacio aéreo.

Esto, dentro de una serie de medidas destinadas a garantizar que esas mismas compañías, al realizar obras en la ciudad, no dañen la infraestructura urbana por trabajos de reparación deficientes y con materiales de baja calidad.

Otra de las propuestas que elaboró la Dirección General de Estrategia y Funcionalidad Urbana del organismo es la creación de un sistema único de registro de las intervenciones que se realizan en la vía pública, para facilitar la programación y coordinación entre las distintas instancias.

Asimismo, una redefinición en las obligaciones y atribuciones de las instancias que ejecutan obra pública y las que autorizan, expiden, verifican y sancionan los trabajos que se realizan; obligar a los entes públicos y empresas a registrar y actualizar de manera oportuna y permanente toda la información relacionada con sus intervenciones en la vía pública e intensificar la vigilancia y las verificaciones de dichos trabajos, apoyándose en los reportes que realizan los ciudadanos y los calendarios de ejecución de obras.

Trabajadores de empresas privadas perforan de manera continua las calles de la ciudad para instalar la infraestructura que les permita proporcionar servicios como gas y teléfono, sin menoscabo del daño que ocasionan a calles y banquetasFoto Cristina Rodríguez

La AGU recordó que cuenta con una liga en su portal de Internet, donde los ciudadanos pueden consultar los trabajos que se realizan en su comunidad, identificada como Obras en mi colonia, y que, consideró, debe fortalecerse y difundirse.

La AGU sugirió también la expedición de certificados de buenas prácticas con el entorno urbano a las empresas que cumplan cabalmente con la norma en la materia, antes, durante y después de las intervenciones que realicen.

Esto, como parte de la revisión y elaboración de lineamientos, manuales, reglamentos y normas. El mes pasado, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) informó a la ALDF que ya está en revisión con la AGU y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (Cejur) una propuesta de reformas al Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, donde se plantean sanciones hasta de mil días de salario mínimo a las empresas que incurran en daños a la infraestructura urbana.

El gobierno de la ciudad trabaja además en la redacción de una iniciativa de ley de servicios públicos urbanos que regulará las intervenciones que se realicen en el espacio público.