Clasismo, misoginia, racismo, xenofobia, intolerancia religiosa y homofobia siguen presentes en la sociedad. Además no existe un mecanismo adecuado, expedito y ágil para atender las quejas por dichos actos, por ello la lucha contra la discriminación requiere de un esfuerzo sistemático y multisectorial, asienta el Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación 2014-2018, a cargo del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

El diagnóstico –que forma parte del programa de 125 páginas– expone que en el ámbito social y privado del país subyace un entramado discriminatorio, que afecta principalmente a los indígenas, habitantes de las zonas rurales, personas con discapacidad y menores de 18 años con rezago educativo.

Especifica que seis de cada 10 personas son discriminadas por su condición socioeconómica;  53.3 millones –46 por ciento de la población– están en pobreza; 37 millones no tienen acceso a servicios de salud, y sólo cuatro de cada 100 niños que ingresan a la educación básica concluyen una carrera universitaria. En el sistema de justicia no se han superado ideas preconcebidas acerca del género, la sexualidad y los estereotipos sobre los inculpados, y prevalece la incomprensión de las víctimas y cómo tratarlas, por ejemplo.

Para reducir la discriminación propone seis objetivos: fortalecer la incorporación de la obligación de igualdad y no discriminación en todo el quehacer púbico; promover políticas y medidas para que las instituciones de la administración pública federal ofrezcan protección a la sociedad contra actos discriminatorios; garantizar medidas progresivas tendentes a cerrar brechas de desigualdad que afectan a la población discriminada en el disfrute de derechos; fortalecer el conocimiento de la situación de discriminación en el país para incidir en su reducción; fortalecer el cambio cultural en favor de la igualdad, diversidad, inclusión y no discriminación con participación ciudadana, y promover la armonización del orden jurídico nacional con los estándares más altos en materia de igualdad y no discriminación.

Propone que todas las instituciones ofrezcan recursos de tipo administrativo, legal o jurídico para que las personas puedan defenderse ante un acto discriminatorio y cuenten con mecanismos de seguimiento de quejas y reclamaciones que ponderen atención y reparación del daño a la población derechohabiente, usuaria de servicios, bienes y programas públicos.

Entre sus estrategias contempla promover la aprobación de tres reformas o iniciativas por año; el número de programas que atienden el derecho a la no discriminación, y que tienen un presupuesto etiquetado para ello pase de 15 a 20 en 2018, y otorgar distintivos a las empresas, dependencias y entidades públicas que impulsen y apliquen buenas prácticas de inclusión laboral.