La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) presentó ayer ante el Ministerio Público Federal una denuncia penal por delito ambiental en contra de las empresas Grupo México y su filial Buena Vista del Cobre, por su presunta responsabilidad en el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el río Bacanuchi en Cananea, Sonora.

A estas empresas también se les podría fincar juicio, de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, con lo que la sanción económica sería hasta de 40 millones de pesos, además de que deben hacerse cargo de la reparación de los daños ocasionados por la emergencia, informó en un comunicado la Profepa. Precisó que ya está en curso un proceso administrativo y se hará una inspección a todo el funcionamiento de la planta.

Suspensión de clases

El pasado 6 de agosto, la presa de jales de la minera, en la que se almacenan las aguas residuales del proceso industrial, derramó el líquido –que es una mezcla de agua, cobre, metales pesados y ácido sulfúrico– en el arroyo Las Tinajas o Rastritas. De estos cuerpos de agua, el líquido contaminado corrió hacia los ríos Sonora y Bacanuchi, lo cual ha ocasionado muerte de ganado, que al menos siete municipios estén afectados y que ayer no hubiera clases en 88 escuelas de la zona.

El subprocurador de Inspección Ambiental de la Profepa, Arturo Rodríguez, señaló el jueves pasado que la minera fue negligente, ya que no vigiló las fugas de los desechos. Incumplió con la norma porque no contaba con sistemas de control y de emergencia para los derrames accidentales de residuos peligrosos, con los cuales hubiera podido evitar que el agua contaminada llegara a los cuerpos de agua. La empresa debió contar con sistemas de detección de este tipo de hechos para actuar oportunamente y que el impacto ambiental hubiera sido menor, pero éstos no existían.

La denuncia penal la interpuso la Profepa ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente, previstos en leyes especiales de la Procuraduría General de la República (PGR). La imputación a las empresas es la probable comisión de delitos contra el ambiente, que de acuerdo con el Código Penal Federal podría tener una pena hasta de nueve años de prisión y una multa de 300 a 3 mil días de salario mínimo.

Explicó que esto se determinó luego de la visita de inspección, el 8 de agosto, y ‘‘a criterio de la Profepa, dichas empresas mineras ocasionaron un derrame de sulfato de cobre acidulado’’ el miércoles 6 del mismo mes.

También ordenó una visita de inspección en materia de impacto ambiental a todas las instalaciones de la empresa Buena Vista del Cobre, para verificar el cumplimiento de los términos y condiciones de su autorización en materia de impacto ambiental.

El organismo dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, apuntó que se sigue un procedimiento por violaciones a la Ley General de Gestión de Residuos y a la NOM-159-Semarnat-2011, que regula las condiciones de construcción y operación necesarias para patios de lixiviados.