El Poder Judicial de la Federación (PJF) dio un rotundo no a las intenciones del consorcio ICA-Alstom-Carso, que buscaba llevar al ámbito federal la controversia legal iniciada contra el Gobierno del Distrito Federal (GDF) por el caso de la línea 12 del Metro.

El tercer tribunal unitario en materia civil y administrativa determinó el viernes pasado que al PJF no le corresponde conocer ese asunto, por ser competencia exclusiva del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF).

El consorcio constructor tramitó una demanda civil el pasado 9 de mayo, en la que reclama el pago de 2 mil 248 millones de pesos, más intereses, por incumplimientos contractuales.

Mencionó dos argumentos para fortalecer su intención de federalizar la controversia: que el TSJDF no garantizaría la independencia en el fallo de los juzgadores y que el proyecto fue financiado parcialmente con recursos federales.

No obstante, en su resolución, el tribunal rechazó por completo las pretensiones del consorcio.

Aun en el caso de que respecto de la obra pactada en el contrato de obra a precio alzado y tiempo determinado, y sus convenios modificatorios, se hubiesen aportado recursos federales, lo cierto es que aquéllos han sido regulados a través de la legislación local, respondió el tribunal federal.

ICA, Alstom y Carso aún tienen el recurso del amparo para combatir la decisión del tribunal unitario si se empeñan en federalizar el caso, o puede promover un nuevo expediente ante el TSJDF, como hizo originalmente en diciembre de 2012.

El Gobierno del Distrito Federal (GDF) promovió el 24 de abril una demanda ante el juzgado 61 civil, con el propósito de obtener una sentencia que declare que todos los trabajos que el consorcio califica de extraordinarios en realidad forman parte del contrato.