Diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) demandaron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que declare la contingencia ambiental en los siete municipios sonorenses por los que corre el río Bacanuchi, antes de que comiencen a ocurrir tragedias humanas y se afecten irremediablemente la flora y la fauna en las aguas que se depositan en la presa Abelardo L. Rodríguez.

Roberto López Suárez, Graciela Saldaña y Carlos Reyes Gámiz calificaron de tibia la postura de la Profepa, pues el derrame de ácido sulfúrico y plomo no fue menor: se vertieron 40 mil metros cúbicos que ponen en riesgo la vida de miles de personas.

Grupo México –propietaria de la mina Buenavista del Cobre– justificó hace unos días que el vertido fue causado por la caída de lluvias atípicas en la región que bordea el río Bacanuchi. No obstante, la Comisión Nacional del Agua y el Sistema Meteorológico Nacional confirmaron que no hubo precipitaciones, como asegura la empresa. El accidente afectó a más de 20 mil habitantes que dependen de las aguas del río en los municipios de Arizpe, Banámichi, Baviácora, Aconchi, Cananea Ures y Hermosillo.

Constitución rebasada

Los legisladores del PRD advirtieron sobre la urgencia de legislar en materia de protección al ambiente, porque la Constitución no prevé daños tan severos como el ocurrido en la entidad.

Los daños y afectaciones a la salud se presentarán de una generación a otra, por lo que las autoridades tienen obligación de informar a los habitantes de la zona. Esto es resultado de la explotación a cielo abierto de las minas, cuyos problemas se han negado a observar las autoridades federales, adujo la diputada Saldaña, defensora de la zona donde pretende ubicarse el proyecto Dragon Mart.

Su compañero López Suárez exigió a la Profepa que ordene a la minera parar toda actividad, sancionar a los responsables y reparar los daños. Todo esto se deriva de los enormes vacíos legales que prevalecen en las leyes sobre la actividad minera. Nosotros en la Cámara de Diputados hemos planteado una regulación que evite el daño ambiental. En la ley se detectan profundas ambigüedades, sobre todo en el daño irreversible a la población cuando se vierten en el ambiente sustancias tan tóxicas.

Reyes Gámiz coincidió en demandar la declaratoria de contingencia ambiental, y aseveró que “la minera y sus impunes propietarios deben ser sancionados.