La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pondrá en marcha la aplicación de un protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género, con la finalidad de que los jueces cumplan con el mandato constitucional y convencional de hacer realidad ese derecho.

El protocolo sugiere una serie de consideraciones para impartir justicia, atendiendo a los derechos que pueden verse afectados en distintas situaciones.

De acuerdo con información difundida por la SCJN, el protocolo se dará a conocer de manera oficial el próximo lunes y está respaldado en un amplio ordenamiento jurídico nacional e internacional en torno a la protección de las garantías individuales, y el punto de partida es el mandamiento constitucional y convencional de promover, respetar, proteger y garantizar, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, todos los derechos humanos.

Este ordenamiento garantizará –señala el máximo tribunal del país– el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la igualdad y a la no discriminación; desarrolla también el derecho a la identidad, a la familia, a la libertad, al trabajo, a la salud, a la educación, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, a la integridad personal, a la vida y al acceso a la justicia.

La base del protocolo son la Constitución, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador.