Buenos Aires, 15 de agosto

No nos van a poner de rodillas, dijo anoche la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, quien solicitó aplicar la ley Antiterrorista en el caso de la empresa Donnelley por forjar una quiebra fraudulenta, con el objetivo de alterar el orden económico y financiero, y crear terror en la población.

La mandataria consideró que la decisión de esta empresa ligada a los fondos buitres no estaba justificada por su situación económica, sino que tuvo como único fin sembrar terror y el espejismo del desempleo que agita la oposición en este país, a pesar de que los números reales contradicen este argumento opositor.

La mandataria reveló ante centenares de asistentes al acto en la sede gubernamental que existen vínculos entre la imprenta, Donnelley, con base en Chicago con los fondos buitre que litigan en Estados Unidos contra el país , intentando cobrar bonos de la deuda sin haber aceptado la reestructuración lograda por el gobierno con el 93 por ciento de los acreedores.

De acuerdo a la denuncia de la mandataria que ya llegó hoy a la justicia. Paul Singer dueño de del Fondo buitre Elliott Associates tiene en sus manos el siete por ciento de las acciones de Donnelley.

Esto se encuentra ahora en manos de otro fondo de inversión, Black Rock, a través del cual Singer operó para retirar la empresa del país en un intento de desestabilización política.

La mandataria se refirió también a las graves amenazas de otro grupo de fondos, Aurelio, que también litiga ante el juzgado del juez Thomas Griesa. Su dueño, Mark Brodsky, advirtió hace dos días al ejecutivo argentino que lo peor está por venir, si no se paga como se está reclamando.

Nosotros sabemos que los fondos buitres no quieren arreglar. No es solamente avaricia y codicia sino una decisión política y geopolítica de querer volver a endeudar la Argentina, y tirar abajo de cualquier modo la reestructuración de deuda soberana, agregó Fernández.

En respuesta directa a Brodsky la mandataria sostuvo: nos gustaría saber qué es lo que está por venir.

Asimismo, señaló a los que dentro del país defienden a los fondos buitres en una cuestión tan grave como es el intento de golpear al país y violentar la soberanía nacional a los que llamó buitres de adentro y defienden estas actitudes amenazantes e hirientes para la soberanía y la dignidad nacional.

También criticó a algunos fueros judiciales. Un juez local Gerardo Sandiglia dio lugar a una quiebra exprés pedida por los directivos de Donnelley sólo un día después de ser solicitada por esta empresa que no tiene problemas económicos.

En este sentido, y en el marco de una campaña, en que algunos sectores(los menos,) piden al gobierno pagar a los buitres y endeudarse la mandataria dijo que esto evidenciaba un proyecto claro de volver a endeudar a la Argentina para darle papelitos a cambio de los recursos naturales.

Fernández advirtió también que hay agentes extranjeros y locales coligados en ese esfuerzo, lo que amerita la aplicación de la Ley Antiterrorista.

Por otra parte se realizará una segunda denuncia por maniobras fraudulentas contra Donnelley ante el Security and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, organismo encargado de supervisar los mercados financieros en ese país.

Precisamente la imprenta Donnelley es una de las empresas líderes en el mundo en ese rubro, con ventas por más de diez mil millones de dólares al año, que está vinculada “con diversos fondos especulativos, entre los que están Black Rock y Paul Singer, pero también otros personajes muy vinculados con el mundo de las finanzas como Sanfor Weill (ex CEO de Citigroup) y Fred Eckert, un ex Goldman Sachs y actual estrella entre los buitres, tal como lo describe The New York Times” de acuerdo al matutino Página 12.

La Ley Antiterrorista, que se aplicaría por primera vez, se presentó con el objetivo de evitar el lavado de dinero como fuente de financiamiento del terrorismo internacional, lo que llevó a una reforma al Código Penal impulsada por el gobierno a partir de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI)).

Las penas se agravan en una serie de delitos ya establecidos cuando estuvieran vinculados con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, según la ley.

Por primera vez una versión se aprobó en 2007 y hubo serias críticas de organismos de derechos humanos y sectores políticos, que conocen lo sucedido con Patriot ACT en Estados unidos.

Se aprobó finalmente en 2011, Una primera versión de la norma fue aprobada en el año 2007; y la definitiva, a fines de 2011 y precisamente ante las denuncias que advertían sobre el posible uso de esta ley para reprimir protestas sociales y gremiales, en la última modificación existe un agregado que deja fuera del alcance de esta legislación “los hechos que tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional.

Nadie hubiera imaginado que el primer pedido de aplicación vaya con la denuncia contra la empresa Donnelley.

El lunes pasado sin ninguna justificación la empresa cerró y dejó son trabajo a 400 personas, Esto estaba siendo utilizado a su vez por los medios opositores como un ejemplo de cómo se “venía “el desempleo sobre el país.

Ante esta situación y la decisión del Ministerio de Trabajo de que los trabajadores de Donelley y de otra empresa Lear en esta misma situación continúen recibiendo sus salarios, fue la presidenta la que inició la acción penal.

Este gobierno jamás impulsará ninguna ley para perseguir a los trabajadores, al pueblo o a la sociedad. Son leyes para proteger a los argentinos dijo Fernández al mencionar la aplicación de la Ley Antiterrorista por primera vez.