La empresa Buenavista del Cobre, de Grupo México, que opera la mina en Cananea, Sonora, donde se derramaron 40 millones de litros de sulfato de cobre con metales pesados, actuó en forma negligente, no vigiló las fugas de los residuos, y se buscará aplicarle la máxima sanción, que es de alrededor de 3 millones de pesos, señaló Arturo Rodríguez Abitia, subprocurador de Inspección Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

También actuó mal la empresa Proyecto Magistral en El Oro, Durango, donde se desbordaron 2 millones de litros de agua con cianuro, explicó.

La vigilancia ambiental en la actividad de la industria minera es insuficiente, ya que las atribuciones están en diversas dependencias. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Profepa regulan la aplicación de las medidas de impacto ambiental, mientras que la Secretaría de Economía vigila la operación técnica de las empresas, explica Francisco Cravioto, del área de industrias extractivas de Fundar (Centro de Análisis e Investigación).

La mina ya había sido revisada

En los ríos Sonora y Bacanuchi, afectados por la mina de Cananea, aún hay contaminantes por encima de las normas sanitarias, explicó Rodríguez Abitia en entrevista. Precisó que el derrame de la presa de jales fue sulfato de cobre, no ácido sulfúrico, y esto tiene impacto en el medio ambiente por la acidez, que se fue al cauce y tiene características corrosivas, pero al mezclarse se diluye y neutraliza. El otro impacto es por los metales pesados que terminaron en los cauces en concentraciones por arriba de las normas sanitarias, pero no de las ambientales. ‘‘En Cananea, los contaminantes son menos tóxicos, pero el volumen fue mayor’’, apuntó.

La minera en Cananea ha trabajado muchos años y la Profepa ya la había inspeccionado, dijo. Si se detectan irregularidades se aplican medidas correctivas. ‘‘En este caso, por el manejo negligente de la empresa al no haber monitoreado adecuadamente las fugas de los residuos, se generó el problema’’.

Señaló que fue una falta de la minera, ya que la norma ambiental para los patios de lixiviación donde está la presa de jales –en la cual se depositan las aguas residuales del proceso minero– establece que debe haber sistemas de control y de emergencia para los derrames de residuos peligrosos, así como una laguna que reciba los excedentes que se generen y así evitar que lleguen a los cuerpos de agua. Además, dijo, deben contar con sistemas de detección para actuar con oportunidad y que el impacto ambiental sea menor.

Apuntó que hay un procedimiento administrativo abierto que determinará la sanción y se buscará que sea la máxima multa posible. La Semarnat señaló que también hay un proceso jurídico en curso.

En cuanto a Durango, el subprocurador dijo que es algo similar, pero de menor dimensión, ya que la mina Proyecto Magistral tampoco cumplió con sus obligaciones ambientales, por lo que ocurrió el hecho. En este caso el derrame fue de cianuro, el cual se neutraliza con ciertas sustancias y esto ya se ordenó. Se pidió a la empresa que haga una caracterización del suelo para presentar un programa de remediación, explicó.

Apuntó que en el país hay mil 350 minas funcionando, de las cuales anualmente se inspeccionan 350. Este año se han clausurado 20 y otras 20 tienen diferentes irregularidades. En abril de 2010, en Santa Ana, Sonora, 2 mil habitantes se vieron afectados por el derrame de 60 mil litros de cianuro de una de las presas de jales por una mina operada por Timmins Gold, de Canadá. El 30 de octubre de 2013 se volcó una pipa con cianuro de sodio en Bocoyna, Chihuahua, propiedad de la empresa Peñoles.