Buenos Aires, 14 de agosto.

El gobierno de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, envió una iniciativa para reformar las leyes de abastecimiento, de defensa del consumidor y de la competencia, para garantizar una regulación eficaz del Estado y prevenir los abusos empresariales.

El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, defendió esta mañana el proyecto y advirtió sobre la reacción de grupos empresariales y bancos, al considerar que su oposición al proyecto demuestra que no quieren el ejercicio pleno de los derechos de los consumidores, y que estas críticas expresan los intereses de grupos concentrados de la economía.

También advirtió contra la estrategia comunicacional derivada de grupos monopólicos y económicos concentrados para afectar las iniciativas enviadas por el Ejecutivo al Senado.

El revuelo creado por esta decisión gubernamental, que se toma para evitar abusos contra la población, revela una clara intención de disparar el proceso inflacionario. Grupos empresariales y bancos se vieron defraudados porque el país no cayó en cesación de pagos, como intentaron los fondos buitres. Mientras una mayoría de la población se expresaba en las encuestas y en las últimas horas en actos multitudinarios a favor de lo actuado por el gobierno ante los fondos buitres, sectores opositores y mediáticos aparecían conspirando a favor de éstos, señalaron analistas.

Capitanich reivindicó el papel regulador que debe cumplir el Estado como una “responsabilidad indelegable que representa la voluntad del pueblo… Antes no querían los derechos de los trabajadores y ahora no quieren el ejercicio pleno de los derechos de los consumidores”.

Recordó que son los mismos sectores que resistieron en su momento las leyes que el ex presidente Juan Domingo Perón (1946-1955 y 1973-74) impulsó en defensa de la organización de los trabajadores en sindicatos y ahora se resisten a la creación de un fuero de los consumidores ante la apropiación irracional e inhumana de riqueza por parte de grupos monopólicos o económicos concentrados.

Aclaró que no se pretende sustituir a la iniciativa privada, sino garantizar la regulación eficaz del Estado.

Si esto no se hace, sostuvo el jefe de gabinete, son unos pocos los que se apropian del esfuerzo y el excedente ajeno. Defendió la propuesta de creación del fuero del consumidor en el sistema judicial y la implementación de un sistema de conciliación obligatoria inmediata y de una instancia administrativa rápida.

La Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) manifestó su rechazo y preocupación ante el proyecto de reforma de estas leyes considerando que la intervención del Estado en el mercado interno atenta contra principios constitucionalmente consagrados como el de libre empresa y la propiedad privada.

Según Adeba, la experiencia internacional demuestra claramente que los mercados funcionan satisfactoriamente en los países en los que el Estado no interviene y que, por el contrario, en los países en los que hay intervención, abundan mercados desabastecidos, el racionamiento, la insuficiencia de la oferta y los llamados mercados negros.

El secretario de Justicia, Julián Alvarez, analizó que si los empresarios cumplen la ley, no tienen de qué preocuparse. Añadió que estamos de acuerdo en que el Poder Ejecutivo no puede decidir que un empresario vaya preso, como establece la vieja ley, por eso proponemos cambiarlo. Pero ahora resulta que tampoco quieren pagar multas, parece que les preocupa más que les toquen el bolsillo que una sanción penal.

Por otra parte, está en acción una fuerte campaña opositora tratando de inducir miedo a una supuesta estampida del desempleo. Capitanich también se refirió al tema ante las suspensiones de trabajadores en la planta siderúrgica Acindar, y aseguró que el gobierno realiza un “monitoreo muy sistemático” sobre la nueva paralización de la producción a fin de garantizar las fuentes de trabajo.

Estableció que la medida de suspensión (de personal) es de carácter transitorio y se preservan todos los derechos del trabajador y sus salarios, negando que se esté generalizando la crisis en las empresas.

En este caso la Conferencia Episcopal Argentina desmintió ayer a los periódicos La Nación y Clarín que sostenían que los obispos estaban discutiendo el tema del desempleo.

Monseñor Jorge Oesterheld, vocero del espiscopado, dijo que la problemática del desempleo no está incluida en el temario, aunque la inestabilidad laboral siempre ha sido una preocupación.