La propuesta del Gobierno del Distrito Federal de condicionar la celebración de contratos con empresas siempre y cuando garanticen que el salario mínimo de sus trabajadores sea de 80 pesos es discriminatoria y con una visión unilateral, aseguró la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), mientras la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) afirmó que la ley no nos obliga y como sector empresarial no transigimos.

El vicepresidente nacional de la Canacintra, Raúl Rodríguez Márquez, manifestó que no se está en desacuerdo con que se mejoren los ingresos de los trabajadores, pero, dijo, se debe tener cuidado de no hacerlo por decreto, sino ir construyendo juntos un piso para fortalecer la productividad de las empresas y entonces sí lo podemos hacer (incrementar los salarios).

Al participar en el foro Hacia una nueva política salarial y de ingresos, se pronunció por que el gobierno capitalino acepte la propuesta del sector privado de desaparecer el impuesto sobre nómina, que, dijo, es un desincentivo para mejorar los salarios, además de que esos recursos podrán ir a los trabajadores de menor poder adquisitivo en programas de capacitación que les permitan mejorar sus habilidades y desarrollo.

No a mejora por decreto

En tanto, el presidente de la Coparmex en el Distrito Federal, José Luis Beato, también dijo que está en favor de un incremento al salario mínimo, pero rechazó que sea por decreto u obligando a las empresas.

Precisó que alrededor de 150 mil trabajadores ganan el salario mínimo, lo que significa 7 por ciento de la población económicamente activa, aunque, agregó, varios tienen un sobresueldo derivado de propinas, como meseros, despachadores de gasolina y trabajadoras domésticas.

Al participar en el foro Encuentros Ciudadanos, dijo que en las cerca de 250 mil empresas representadas en el organismo patronal, el salario que se paga es mayor al mínimo, al complementarse con otras prestaciones. El promedio de ingresos es de tres a cinco salarios mínimos, aseguró.

Coincidió con el ex presidente nacional de la Coparmex Alberto Núñez Esteva en que con un salario mínimo no se puede vivir, es miserable y socialmente injusto, pero obligar a las empresas a pagar una cantidad mínima al trabajador del nivel más bajo, como pretende la administración capitalina, provocará que muchos negocios se vayan a otros estados, donde no existe esa obligación.