El gobierno de Estados Unidos redujo 60 por ciento el número de agentes encargados de realizar operaciones antidrogas (DEA, Drug Enforcement Administration), el tráfico ilegal de mercancías y de armas de fuego (ATF, Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives), de llevar a cabo espionaje como la CIA (Central Intelligence Agency), o detenciones, funciones atribuidas a los marshalls y el FBI (Federal Bureau of Investigation), revelaron funcionarios del gabinete de seguridad nacional.

Las fuentes consultadas señalaron que las condiciones que tuvieron durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón se transformaron y pasaron de tener las puertas abiertas en instituciones mexicanas para realizar sus labores y hasta supervisar o participar en acciones contra el crimen organizado, a tener muy pocos interlocutores y condicionados a intercambios de información.

Bajo esas condiciones las instituciones nacionales ya no permiten el involucramiento o participación de los agentes estadunidenses en acciones como la destrucción de plantíos de cultivos ilícitos, interrogatorios a presuntos líderes del narcotráfico, o en la integración en los grupos policiacos cuando realizan una detención.

Sin embargo, explicaron los funcionarios entrevistados, el gobierno estadunidense mantiene sus operaciones de investigación o espionaje desde el llamado centro binacional de la Iniciativa Mérida (también conocida entre los funcionarios nacionales y de la embajada estadunidenses como la Oficina Binacional de Inteligencia, OBI), y una oficina de espionaje en un céntrico hotel cercano a la embajada de ese país en la ciudad de México.

Los entrevistados resaltaron que, por ejemplo, en la Procuraduría General de la República, su titular, Jesús Murillo Karam, se convirtió en el único interlocutor de los agentes estadunidenses. Ordenó cerrar el acceso a personal de la DEA, ATF, ICE, y FBI, a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) y determinó que cualquier consulta se le entregara directamente.

En las secretarías de Marina (Semar) y de la Defensa Nacional (Sedena) se modificaron los esquemas de cooperación, y aunque las agencias internacionales impartan cursos de adiestramiento para el personal mexicano, ya no hay presencia permanente en sus instalaciones y son atendidos por mandos establecidos por los titulares de ambas instituciones, y los intercambios de información que ofrece, por ejemplo, el uso de aviones no tripulados (drones) disminuyó de tal manera que la Sedena es la responsable de toda la actividad.

La reducción de agentes estadunidenses (de 600 a 200) que arribaron a México, señalaron las fuentes consultadas, ingresaron entre 2001 y 2011, en su mayoría como enlaces de la embajada estadunidense y sus consulados en al menos 12 estados, y el número total se mantiene en secreto por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Uno de los lugares donde acuden muchos de ellos para tener contacto con sus informantes mexicanos ocurre en el edificio de la avenida Paseo de la Reforma número 265, en el cual se instaló la OBI desde agosto de 2010, y allí se realizan actividades de inteligencia, investigación y análisis de información y seguimiento de temas y casos de su interés.

Además, explicaron los entrevistados, las dependencias que durante la administración de Felipe Calderón dependieron totalmente de aviones no tripulados del gobierno de Estados Unidos para dar seguimiento a alguno de sus blancos, y hasta hace unos meses para detener a Joaquín El Chapo Guzmán, ya han desarrollado sus propias naves o adquirido las propias, pero se mantiene en secreto.