Aunque hace una semana el organismo a su cargo prácticamente exoneró a la policía estatal al afirmar que la muerte de un adolescente durante el desalojo de un bloqueo a una carretera se debió a un cohetón y no a una bala de goma, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla (PGJP), Víctor Antonio Carrancá Bourget, admitió que las indagatorias sobre el caso aún no concluyen.

“Venimos a poner a disposición los elementos que nosotros tenemos (…) Es una investigación que aún no concluye por parte de la procuraduría y tenemos el mejor ánimo de no sólo colaborar, sino también de desahogar todas las diligencias que sean necesarias”, señaló luego de comparecer ayer ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que investiga el caso por presuntas violaciones graves a las garantías del menor fallecido y otras personas que resultaron lesionadas.

No obstante, el 31 de julio el procurador ofreció un avance sobre las investigaciones realizadas por el órgano a su mando y aseguró que la muerte de José Luis Tehuatlie Tamayo no fue causada por una bala de goma, sino por la onda expansiva del estallido de un cohetón.

Al preguntársele de nuevo ayer sobre el uso de balas de goma, Carrancá volvió a negar que los elementos de la policía utilicen esos implementos, y aseguró que, según sus investigaciones, sólo se usaron lanzaderas de gas. Sin embargo, aceptó que las evidencias reunidas por pobladores de San Bernardino Chalchihuapan sobre el uso de estos proyectiles todavía no se han considerado en la averiguación previa.

Antes de retirarse, el procurador informó que entregó a la CNDH un informe detallado en el que explica qué elementos fueron considerados para elaborar el dictamen que atribuye la muerte del niño a un cohetón. Sin embargo, el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, indicó que el procurador les dijo que en su informe todavía falta integrar algunos datos, los cuales enviará a la CNDH el próximo lunes.

Respecto de las balas de goma, Plascencia confirmó que Carrancá les indicó que de ninguna manera el dictamen sobre la muerte de Tehuatlie es definitivo, pues sólo incorporó las evidencias que tenía hasta ese momento, por lo cual la indagatoria sigue abierta.

El ombudsman anunció que a principios de septiembre dará a conocer un informe preliminar, mediante el cual podrían fincarse responsabilidades penales.