Reforma energética
a sólo falta la firma del presidente Enrique Peña Nieto para consumar la legalización del despojo del territorio a las comunidades. Lo que sigue, coinciden indígenas y campesinos, es fortalecer la resistencia comunitaria, los sistemas normativos de los pueblos y la organización colectiva.
La reforma energética representa un clima muy adverso para nosotros, quita todos los candados legales y permite la entrada legal de las corporaciones a los núcleos agrarios y comunitarios para que haya una apropiación de los recursos y su extracción, lo que implica la destrucción del territorio, el desplazamiento, la privación del derecho a la tierra de las comunidades, a sus sistemas normativos y lugares sagrados, explica Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
No es que cambien las cosas de un día para otro, pues la irrupción sin consulta, y muchas veces violenta, a los territorios indígenas es una realidad desde hace mucho tiempo, pero ahora hay una ley que avala la complicidad de los gobiernos en turno, de cualquier color, con las empresas trasnacionales.
La reforma regulará (violentará) el derecho a la consulta. Ahora –advierte Francisco Cravioto Lagos, de Fundar– no se tomará en cuenta el consentimiento de las comunidades, será una simulación de las secretarías de Gobernación y de Energía, quienes serán las encargadas de hacer las consultas, pasando por alto convenios internacionales, como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La resistencia tendrá que reposicionarse, pues argumentos jurídicos con los que se libraron otras batallas ya no serán posibles. Casos como el de la presa La Parota, en Guerrero, que se logró parar en los tribunales con organización colectiva, tendrán que enfrentarse de otra manera.
Los proyectos de infraestructura que trae el gobierno junto con las empresas tienen calendarios. Lo que hicimos nosotros fue desequilibrarlos en términos de dilatar las construcciones por medio de amparos, de tal modo que ellos tuvieron que evaluar las grandes pérdidas que eso les ocasionó. Con esta reforma, ni siquiera eso podremos hacer
, refiere el abogado de Tlachinollan.
En paralelo a la nueva ley, los gobiernos seguirán impulsando estrategias ya conocidas: dividir a los pueblos con programas asistencialistas como subsidios, proyectos, obras que, ante la pobreza existente, las comunidades se ven obligadas a aceptar. La consulta, por supuesto, no garantizará nada. Y si no que le pregunten a la tribu yaqui.
Entretanto los pueblos se encuentran, tejen por abajo y en silencio. Intercambian y planean, juntos, la resistencia. Ellos saben de eso.
