La Procuraduría General de la República (PGR) pagó 135 millones de pesos de enero a diciembre de 2013 por el alquiler de vehículos para transporte de personal propio en todo el país.

Los mandos de la institución aseguraron que este tipo de contratos con empresas privadas disminuye los costos de compra y mantenimiento vehicular, ya que las compañías arrendadoras están obligadas a entregar vehículos nuevos, si son baleados o se descomponen durante un operativo.

De acuerdo con los mandos de la PGR que fueron consultados, durante la gestión de Jesús Murillo Karam se modificó la operatividad y movilización institucional y por esa razón se dejaron de adquirir vehículos blindados y sin blindaje para el transporte de agentes de la Policía Federal Ministerial, del Ministerio Público Federal, y peritos, así como subprocuradores y directores de unidades de investigación.

Durante la gestión de Marisela Morales Ibáñez, la PGR adquirió 40 camionetas blindadas a la empresa Chipping Group México, y la compañía regaló una unidad blindada por haber sido elegida como su proveedor. Al respecto, los funcionarios entrevistados señalaron que Murillo Karam decidió no adquirir más vehículos sino arrendarlos.

Respecto al gasto de 2013, el contrato fue asignado de manera directa a la empresa Casanova Rent, y la finalidad del contrato fue servicio de transportación terrestre en la Zona Metropolitana y con cobertura nacional a través de unidades vehículares.

Los entrevistados señalaron que este servicio ha permitido desplazar al personal operativo a lo largo de todo el país y realizar acciones como el acompañamiento de los efectivos de la Secretaría de Marina, durante la aprehensión de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, en febrero pasado.