El Senado aprobó anoche el último de los seis dictámenes de la legislación secundaria en materia energética, en medio de ríspido debate que terminó en descalificaciones y pleitos, acusaciones de corrupción y señalamientos de que algunos legisladores se beneficiarán con la reforma.

La leyes de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y General de la Deuda Pública, que remitió la Cámara de Diputados al Senado, fueron aprobadas sin cambios con 90 votos en favor y 27 en contra. Así, se concretó el rescate con recursos federales de los compromisos laborales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad ( CFE), con la condición de que se revisen los contratos colectivos de ambos gremios, se reduzca la edad de jubilación de los trabajadores y el monto de las pensiones.

Perredistas y petistas acusaron a los senadores de PRI, PAN y PVEM de avalar que se asuma como deuda pública el pasivo laboral de Pemex que incluye recursos desviados de la aún paraestatal al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) para financiar las campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional y las corruptelas perpetradas en las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón. Advirtieron, además, que se vulneran los derechos de los petroleros y electricistas, entre ellos el de una jubilación digna.

Durante las primeras seis horas de la sesión extraordinaria los senadores de izquierda insistieron en que debe trasparentarse en detalle el pasivo de Pemex, sobre todo en cuanto a los llamados créditos laborales colectivos, que son los que recibe la directiva sindical que encabeza Carlos Romero Deschamps y que han servido para el enriquecimiento personal o el financiamiento de campañas presidenciales, sostuvo la senadora perredista Dolores Padierna.

El también perredista Armando Ríos Piter destacó que entre 2001 y 2012 se crearon 4 mil 537 plazas más de confianza en la empresa petrolera, además de que 77 por ciento de más de 5 mil trabajadores de niveles ejecutivos y mandos medios fueron obligados a jubilarse de manera anticipada. Con ello, el pasivo laboral pasó de 535 mil millones de pesos en 2002 a 1.3 billones en 2013. Es decir, el incremento se debe en buena medida al botín de los gobiernos de derecha.

El presidente de la Comisión de Energía, el priísta David Penchyna Grub, acusó a los perredistas de manipular las cifras y les pidió terminar con las medias verdades. Señaló que en la iniciativa de reforma energética que presentaron los senadores del PRD, que fue elaborada por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, se planteaba el rescate de toda la deuda de Pemex.

El senador Benjamín Robles Montoya, del PRD, respondió a Penchyna que ese rescate era antes de la privatización y sin asumir las corruptelas de líderes sindicales y funcionarios.

Exhibió en tribuna copia de un convenio firmado en 2011 entre Pemex y el STPRM, al que se otorgó un crédito de 500 millones de pesos, en plena campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, pagadero hasta 2020.

Este regalito ahora lo tendrá que pagar el pueblo de México junto, seguramente, con los mil millones de pesos que por conducto del sindicato se canalizaron a la campaña de Francisco Labastida Ochoa, candidato del PRI a la Presidencia de la República en 2000.

El coordinador del grupo parlamentario del PT, Manuel Bartlett Díaz, advirtió que habrá despidos masivos en Pemex y la CFE, y afirmó que todos los trabajadores que se han opuesto a la privatización han sido reprimidos.

Recordó el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), a cuyos trabajadores el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa mandó sacar a punta de bayonetas de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro.

El PAN, por conducto del senador Jorge Luis Lavalle, utilizó el mismo argumento que Penchyna y acusó de paleros del PRI a los perredistas, por haber aprobado, dijo, la reforma fiscal.

Entonces el senador Alejandro Encinas, del PRD, reviró: Que mejor explique sus relaciones de negocios con Mario Alberto Ávila, candidato a la gubernatura de Campeche y subdirector de mantenimiento de Pemex Exploración y Producción, prófugo de la justicia por su implicación en el caso Oceanografía.

Molesto por esos señalamientos, el priísta David Penchyna descalificó en tribuna tanto a Robles Montoya como a Bartlett Díaz. Acusó a ambos de haber abandonado al PRI y de estar resentidos. Agregó que él no ha tenido que migrar a un partido que antes lo criticó.

Ante ese señalamiento Robles Montoya regresó a tribuna y respondió a Penchyna que a él, por lo menos, no lo acusan de que se va a beneficiar con la reforma energética, y le dijo que su papá tiene acusaciones de corrupción por haber cometido un fraude en el Banco Ejidal.

Los senadores de PRI y PAN se indignaron. El coordinador de la bancada priísta, Emilio Gamboa Patrón, exigió respeto para Penchyna Grub: No se vale de ninguna manera meterse con el padre de un senador, y menos cuando ya no vive.

En igual tono, el coordinador perredista, Miguel Barbosa, exigió que Penchyna respete el proceso legislativo y que también deje de insultar, ya que en su intervención lanzó improperios contra legisladores que con todo derecho critican una legislación que va a perjudicar a los trabajadores petroleros y al país.

Finalmente, se retiró del Diario de Debates la alusión al padre de Penchyna.

De nuevo ante el pleno, David Penchyna reivindicó la memoria de su padre, a quien calificó de hombre honesto. Y no perdió oportunidad para volver a criticar a Bartlett Díaz, al que acusó de resentido por no haber podido ser presidente de la República, y hasta dijo que no puede entrar a Estados Unidos.

Todas las reservas que presentó el PRD para modificar el articulado de ambas leyes fueron rechazadas. Al igual que una que, en forma sorpresiva, anunció el senador panista Raúl Gracia con la finalidad de que antes de que se apruebe trasladar el pasivo laboral de Pemex y CFE a deuda pública, el Congreso revise los resultados de la modificación de contratos y de las auditorías que deben realizarse.

Sin cambios, las leyes de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y General de la Deuda Pública se turnaron al Ejecutivo federal para su promulgación.