n una conferencia de prensa realizada ayer, el subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Raúl Murrieta Cummings, informó que a partir de noviembre próximo se podrá utilizar un solo dispositivo electrónico –conocido como tag– para todos los sistemas de peaje carretero y urbano del país. El funcionario subrayó que el gobierno federal se vio en la necesidad de intervenir para lograr un acuerdo de interoperabilidad entre las empresas que operan esos sistemas, a raíz del caos observado en días recientes por la migración de un sistema de peaje electrónico a otro.
Debe recordarse que el pasado viernes primero de agosto, en plena temporada vacacional, Caminos y Puentes Federales (Capufe) descontinuó los tags de la compañía I+D –que tuvo la concesión correspondiente durante los 12 años pasados– y los sustituyó por los de un consorcio denominado Telepeaje Dinámico. Lo que habría debido ser un proceso sencillo se complicó en primer lugar a consecuencia de la incapacidad de las autoridades correspondientes para comunicar con eficiencia los cambios programados. Según pudo constatarse en recorridos realizados por este diario, en las casetas de cobro operadas por Capufe privó la confusión entre los automovilistas, que en general desconocían la necesidad de cambiar de dispositivos y los requisitos correspondientes. A lo anterior se sumó una comprensible molestia de los usuarios ante la incertidumbre respecto de los saldos de sus dispositivos actuales, y ante la multiplicación de los tiempos de espera para los cruces en las casetas.
Tales elementos apuntan a una responsabilidad ineludible de las autoridades encargadas de las autopistas del país, que trasciende por mucho la mencionada falta de un acuerdo entre las distintas empresas de telepeaje. El centro de las críticas por esa evidente inoperancia ha recaído sobre el actual director de Capufe, Benito Neme, funcionario que carece de experiencia en tareas administrativas y cuyas principales credenciales para ocupar el cargo son, según puede verse, ser hijo del ex gobernador de Tabasco Salvador Neme y compadre del Presidente Enrique Peña Nieto.
El dato referido tiñe la circunstancia padecida por miles de viajeros con un matiz inocultable e inaceptable de amiguismo. Pero no parece ser, por desgracia, el único caso: de acuerdo con la testigo social Mónica Barrera, designada por la Secretaría de la Función Pública para supervisar la transparencia del proceso de licitación en el que se adjudicó a Telepeaje Dinámico el sistema de cobros digitales en las carreteras administradas por Capufe, el concurso no se apegó a las recomendaciones emitidas a fin de asegurar la transparencia y apego a las disposiciones jurídicas; promoción de la calidad, eficacia e imparcialidad en los procedimientos de contratación
. Significativamente, uno de los inversionistas del consorcio beneficiado en dicho proceso es Roberto Alcántara, empresario cercano a Benito Neme y al propio Peña Nieto.
El episodio mencionado, en suma, deja ver algo mucho más grave que la falta de un acuerdo entre empresas operadoras de sistemas de peaje electrónico: muestra la persistencia de estilos de gobierno y de administración pública que supuestamente se habían erradicado con la alternancia de 2000, y que, por el contrario, se han mantenido intactos a lo largo de las administraciones federales panistas y priístas. El saldo de esos vicios, por desgracia, es pagado consistentemente por la ciudadanía, la cual queda colocada como víctima colateral de la ineficiencia, el compadrazgo y el menosprecio institucional.
