Cancún, QR, 5 de agosto

El empresario y ex edil de Cancún Gregorio Greg Sánchez Martínez perdió un juicio mercantil y el juzgado segundo de distrito en Cancún ordenó el embargo de tres de sus propiedades por un monto de 10 millones de dólares a favor del demandante, Ismael Nava Mellado.

En el juicio mercantil está implicado Steve Santander, quien en 2007 prestó la suma mencionada al entonces candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez para financiar la última etapa de su campaña.

En la audiencia, Santander aclaró que la denuncia fue interpuesta por Nava Mellado y que el monto recuperado en bienes no cubre ni 50 por ciento de la deuda.

Sin precisar el monto en disputa, el abogado Luis Fernando Bravo informó que el proceso legal data de 2008, cuando el inculpado firmó pagarés por esa suma, que al tipo de cambio actual sería de aproximadamente 132.9 millones de pesos.

Mediante un exhorto de un juzgado de la ciudad de México a su similar segundo de distrito en Cancún, este martes fueron embargadas tres propiedades del empresario por elementos de la Policía Federal que acudieron temprano a la exclusiva zona residencial Isla Dorada, al final de la segunda etapa de la zona hotelera, con una orden sobre el bien que presumiblemente habita Sánchez Martínez con su esposa, Niurka Sáliva, y su hijo.

En la tarde hicieron lo mismo en un predio donde esta el salón de fiestas Ashanty, usado como casa de campaña durante los procesos electorales y sede de la fundación Todos Somos Quintana Roo, que dirige el político.

Al principio los ocupantes se negaban a salir. El diputado local Alejandro Luna, yerno del ex edil, autorizó el embargo con la condición de que se permitiera a los afectados sacar sus pertenencias. Los actuarios les concedieron 20 minutos.

Posteriormente hicieron lo mismo en la tienda de conveniencia Extra que está a un costado del salón de fiestas, en el mismo predio. Los actuarios señalaron que también embargarán una bodega.

En un correo electrónico el ex edil dijo que el embargo fue un acto de barbarie e ilegal contra la fundación y las miles de personas que ahí reciben servicios médicos gratuitos, pues la organización tiene un contrato de arrendamiento por 15 años.