Deberán pagar $54 millones por realizar operaciones ilegales
Ahorros de burócratas siguen financiando a empresas extranjeras que pagan mucho menos que los fondos nacionales, señala dirigente sindical
Miércoles 6 de agosto de 2014, p. 30
San Luis Potosí, SLP, 5 de agosto.
La Contraloría General del Estado (CGE) impuso una multa de 54 millones de pesos e inhabilitó por 20 años para ejercer cargos públicos a dos ex funcionarios de la administración del panista Marcelo de los Santos Fraga (2003-2009), adscritos a la Dirección de Pensiones (DP) del gobierno del estado, por invertir recursos en fondos no permitidos por la ley y causar a las arcas estatales y a los burócratas un quebranto de alrededor de 18 millones de pesos.
Los implicados son Luis Gonzaga Sánchez Espinosa, ex titular de la DP, y Carlos Augusto Ramírez de Arellano, ex subdirector de préstamos a corto plazo, contra quienes se dictó dicha resolución el 31 de julio, según el expediente 49/2010 de la CGE.
El titular de la CGE, Alejandro Padrón Moncada, afirmó que de 2007 a 2009 los ex funcionarios destinaron recursos del fondo a inversiones de alto riesgo
, práctica prohibida por el articulo 50 de la Ley de Pensiones de San Luis Potosí.
Indicó que este caso podría tener implicaciones civiles o penales, ya que Sánchez Espinosa y Ramírez de Arellano constituyeron un comité de inversiones con la finalidad de no registrar las operaciones ante la junta directiva de la DP, lo que también va contra la ley.
Abundó que los acusados también usaron recursos del fondo de contingencia (destinado al pago de pensiones en situaciones extraordinarias) para inversiones de alto riesgo.
Padrón Moncada subrayó que causaron una merma a los ahorros de los trabajadores, pues la inversión en una institución de alto riesgo tipo A
–cuyo nombre no se reveló– arrojó pérdidas por más de un millón 350 mil dólares.
La multa impuesta a Luis Gonzaga Sánchez Espinosa y Carlos Augusto Ramírez de Arellano equivale al triple del quebranto causado a las finanzas públicas y es la máxima permitida por la ley.
El contralor puntualizó que si bien esto ocurrió en el periodo 2007-2009, la causa sigue vigente porque la investigación se inició en 2010 (en el sexenio del priísta Fernando Toranzo Fernández).
El 6 de febrero pasado se dio a conocer que la administración de Toranzo Fernández y la de su antecesor, Marcelo de los Santos Fraga, colocaron en distintos fondos de inversión extranjeros las pensiones de los trabajadores del estado y de 2007 a 2010 perdieron un millón 353 mil 232.66 dólares, según consta en el acta de la sesión ordinaria de la junta directiva de la DP, efectuada el 3 de junio de 2010.
El documento detalla que la DP perdió esa suma en una inversión variable en el extranjero. La operación se inició en octubre de 2007 con tres millones de dólares y concluyó con una pérdida de un millón 353 mil 232.66 dólares del fondo de contingencia de los trabajadores jubilados y de aquellos que están a punto de retirarse. Los fondos se invirtieron por medio de Alliance Bernstein Global Wealth Management, que tiene oficinas en Nueva York y Londres.
En ese entonces, la secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores del Gobierno del Estado (Sittge), Francisca Reséndiz Lara, declaró que la pérdida se debió a una imprudencia financiera
y fue señal de inmadurez del director de Pensiones y de quienes avalaron semejantes acciones
.
Sostuvo que la DP tiene la mayor parte de sus inversiones en empresas extranjeras que pagan tasas hasta de 0.50 por ciento, cuando en México hay fondos que ofrecen rendimientos hasta de 4.47 por ciento. Responsabilizó a Toranzo Fernández y al actual titular de la DP, Oziel Yudiche Lara, del quebranto que podrían sufrir los más de 12 mil burócratas potosinos.
Entrevistado en ese entonces, Yudiche Lara aseguró que al asumir el cargo, en 2009, detectó anomalías en el manejo de las pensiones, entre ellas que su antecesor, Gonzaga Sánchez, autorizó de manera unilateral inversiones a plazo variable, lo que es ilegal.
Recordó que en junio de 2010 presentó denuncia ante la CGE. Negó que los fondos de los burócratas estén en riesgo, aunque aceptó que la administración anterior y la actual, así como la Secretaría de Educación, deben 683 millones de pesos a la DP.
