La bancada del PRD exigió establecer en la ley federal de deuda pública un mecanismo claro que permita la supervisión sobre los pasivos laborales de Petróleos Mexicanos (Pemex) que absorberá el Estado.

Durante la discusión en comisiones de esa legislación, el perredista Alejandro Encinas denunció que no se ha dado toda la información al respecto, porque “están incluyendo en ese pasivo corruptelas e ineficiencias de los gobiernos del PRI y el PAN.

Indicó que por ello “todos los mexicanos van a tener que pagar los mil millones de pesos que el PRI destinó, vía el sindicato de los trabajadores petroleros, a la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa en 2000 –el llamado Pemexgate–, lo cual fue acreditado por el entonces Instituto Federal Electoral, así como los de otras campañas del tricolor, y las irregularidades y excesos de Fox y Calderón”.

Insistió en que el PRD no defiende a una burocracia sindical corrupta, sino el legítimo derecho de los trabajadores a su empleo y sus prestaciones.

Encinas cuestionó en la reunión de comisiones: ¿Por qué no nos han brindado toda la información de la situación financiera de Petróleos Mexicanos? ¿Por qué no nos dicen qué pasó con las previsiones salariales, de pensiones y jubilaciones que cada año fueron parte del Presupuesto de Egresos de la Federación en el sector 18 de Energía, en la aplicación de gasto corriente? ¿Adónde se destinaron esos recursos? ¿Quién los utilizó?

Le respondió el priísta Manuel Cavazos Lerma. Sostuvo que no es cierto que el pasivo laboral se va a cargar al pueblo, porque ya es deuda pública. Agregó: eso de que quién se gastó las reservas, quién se comió mi queso, se resuelve con la condición establecida en la ley, de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realice una auditoría a los pasivos, y si resulta que hay responsabilidad civil, penal o administrativa, que se proceda en consecuencia.

Llámenle como quieran

Abundó: algunos no quieren llamarlos pasivos laborales, “porque sienten que eso incluye otras cosas, que eso oscurece y cobija otras cosas. Llámenle como quieran. Lo importante es que la ley ‘no puede obligar’. Establece un incentivo para que, si se ponen de acuerdo las empresas y los trabajadores –no sólo los de base, sino también los de confianza, es decir, no sólo que se modifique el contrato colectivo de trabajo sino también el reglamento de personal de confianza–, entonces el gobierno asume una proporción. Pero eso está condicionado a que se modifique la edad de retiro y se pasen los recursos a cuentas individuales de retiro”.

El senador perredista Armando Ríos Piter manifestó que a su bancada le preocupa que se quiera aplicar la misma receta que han impuesto en este tipo de sesiones: que no haya un análisis exhaustivo de los malos manejos que puede haber en ese pasivo laboral.

Argumentó que aunque la Cámara de Diputados ya señaló que haya intervención de la ASF, nos parece que hay que ir mucho más allá.

El panista Francisco Domínguez denunció que el sábado pasado su camioneta fue baleada, pero rechazó que ello tenga que ver con su pugna con el senador Carlos Romero Deschamps.